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Tras inseguridad que se vive en el país, piden mapa de riesgos

Los partidos políticos han expresado su preocupación por la violencia y la inseguridad en varias regiones del país.

En la antesala de las elecciones más grandes en la historia de México, programadas para el 2 de junio, los partidos políticos han expresado su preocupación por la violencia y la inseguridad en varias regiones del país. Este jueves, en una reunión prolongada del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los representantes de los partidos solicitaron la creación de un «mapa de riesgos» para identificar las áreas afectadas por el crimen organizado.

La sesión, que duró más de nueve horas, abarcó diversos temas, incluyendo el voto de mexicanos en el extranjero y los recientes nombramientos dentro del INE. Sin embargo, la atención se centró en la seguridad del proceso electoral. Los partidos políticos manifestaron su inquietud, señalando que, aunque el INE ha preparado un informe sobre la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, este es insuficiente dada la gravedad de la situación.

Los representantes de los partidos destacaron la necesidad de un análisis más detallado y medidas concretas para mitigar la influencia del crimen organizado en las elecciones. Argumentaron que el actual panorama de violencia y descomposición social en ciertas regiones del país exige una atención especial.

En la misma reunión, se condenó enérgicamente la agresión reciente contra dos funcionarias del INE en Iztapalapa, perpetrada por un aspirante a una candidatura local del partido Morena. Este incidente ha aumentado la preocupación por la seguridad del personal del INE y ha subrayado la importancia de establecer estrategias efectivas para garantizar un proceso electoral libre de violencia.

Este llamado a la acción del INE para elaborar un mapa de riesgos resalta la creciente preocupación sobre cómo la violencia y la criminalidad podrían impactar en las próximas elecciones, consideradas cruciales para el futuro político de México.

Con información de El Economista | Nota original

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