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Propuesta de reforma eléctrica de AMLO generará incertidumbre en inversionistas: Coparmex

La propuesta de reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso de la Unión este lunes

La propuesta de reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso de la Unión este lunes, como prometió, generará «incertidumbre entre los inversionistas» y cuestionará el estado de derecho al contener características similares a la ley recientemente rechazada por el poder judicial, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Según el organismo privado, la iniciativa del Ejecutivo Federal para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero con similitudes a la legislación recién rechazada en la Suprema Corte, solo aumentaría la incertidumbre entre los inversionistas y pondría en duda el respeto al Estado de Derecho.

La decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) benefició a las empresas y a todas las familias mexicanas al eliminar condiciones monopólicas en el sector eléctrico.

La SCJN declaró que ciertas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021 infringían los principios constitucionales de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable. Según el tribunal, esta legislación estableció un orden de prelación en el despacho de energía eléctrica, dando prioridad a las centrales generadoras del Estado, específicamente a la Comisión Federal de Electricidad y sus plantas asociadas, alterando el mercado eléctrico.

La Coparmex abogó por mantener el respeto entre los Poderes de la Unión y evitar ataques infundados contra los miembros de la SCJN. Asimismo, expresó su rechazo al intento de llevar a juicio político al Ministro Alberto Pérez Dayán por emitir un voto de calidad a favor del proyecto, señalando que el Juicio Político es procedente cuando los servidores públicos redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, según lo previsto en el artículo 110 de la Constitución.

Con información de El Economista | Nota original

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