El Pleno del Congreso desestimó la propuesta del Partido Popular (PP) que pretendía derogar la tasa de residuos obligatoria para todos los ayuntamientos a partir de abril de 2025. Esta medida, introducida en 2022 por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, obliga a los municipios a financiar el 100% del coste del servicio de gestión de residuos mediante esta tasa específica, sin posibilidad de recurrir a recursos generales del presupuesto municipal.
El PP argumentó que esta imposición representa un «quebradero de cabeza» para los ayuntamientos, quienes ahora deben repercutir el coste directamente a los ciudadanos. Además, solicitaron que se respetara la autonomía municipal para establecer sus propios tributos y la posibilidad de aliviar la carga fiscal utilizando recursos disponibles. También demandaron un estudio detallado del impacto económico de la medida para ajustar los costes por servicio.
A pesar de estas peticiones, la propuesta fue rechazada, manteniendo la obligatoriedad de la tasa como parte de los esfuerzos para promover una economía circular y una gestión sostenible de residuos en todo el país. El debate sobre la autonomía fiscal y las implicaciones para las economías locales sigue siendo un tema candente en el ámbito político.
