El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha un ambicioso plan para privatizar ocho empresas estatales tras la aprobación de la Ley Bases, buscando optimizar los recursos públicos, disminuir el déficit fiscal y generar nuevas oportunidades de inversión. Las compañías que pasarán a manos privadas son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos (SOFSE), Belgrano Cargas y Corredores Viales.
Según fuentes oficiales, el principal objetivo es garantizar el mejor precio posible en cada operación, evitando así cuestionamientos futuros. La estrategia está a cargo de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien coordina los distintos modelos de privatización en función de las características y situación de cada compañía.
El proceso no será inmediato. Aunque algunas ventas podrían concretarse en 2025, el Gobierno prevé que todos los trámites previos concluyan antes de noviembre, fecha clave para presentar una hoja de ruta al Fondo Monetario Internacional (FMI). Por ahora, solo cuatro empresas han superado las primeras etapas del proceso: Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y Belgrano Cargas.
Existen tres modelos principales para ejecutar las privatizaciones: concursos públicos abiertos a inversores nacionales e internacionales, Ofertas Públicas de Venta (OPV) en la bolsa, y concesiones operativas que permitirán cerrar las empresas formalmente (baja de CUIT) una vez transferidas sus funciones. Cada modelo será aplicado según la naturaleza del servicio o infraestructura que presta la entidad.
El caso de Enarsa es emblemático: será dividida en 15 unidades de negocio, y la venta de las acciones de Citelec (controladora de Transener) será el primer paso. AySA combinará concurso y subasta bursátil, mientras que Nucleoeléctrica ofrecerá hasta el 49 % de sus acciones. Empresas como Intercargo y YCRT serán ofrecidas a través de concursos buscando operadores con capacidad de gestión e inversión.
Desde el oficialismo aclaran que no se busca el desmantelamiento de empresas estratégicas, y que los empleados no serán afectados inicialmente. El ejemplo utilizado como modelo es IMPSA, la primera privatización del gobierno, en la que una firma extranjera asumió la deuda y se comprometió a invertir en el país.
Más allá de estas ocho compañías, Milei reiteró su intención de avanzar con Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Banco Nación, aunque estas no fueron incluidas en la Ley Bases por presión de la oposición. En 2024, el Tesoro Nacional gastó más de 4 billones de pesos para sostener financieramente a estas empresas, lo que refuerza la necesidad de reestructurarlas.
Finalmente, desde el Gobierno destacan que el éxito del plan dependerá de la estabilidad macroeconómica y del resultado electoral. Aunque las cifras del Banco Central revelan una fuerte salida de Inversión Extranjera Directa (IED) en los últimos meses, se espera que la apertura al capital privado y una economía ordenada puedan revertir esta tendencia en el corto plazo.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en EL FINANCIERO. Para leer la nota original, visita: El Gobierno definió la privatización de ocho empresas públicas: cuál es el plan para cada una – Infobae
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