La presión del gobierno de Estados Unidos hacia México dio un giro radical con el retiro de la visa a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Esta medida no solo evidenció la creciente preocupación por la supuesta complicidad entre políticos y crimen organizado, sino también una ruptura en los protocolos diplomáticos: la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no haber sido notificada por su contraparte estadounidense, dejando en entredicho la buena relación que presumen ambos gobiernos.
Aunque esta acción podría parecer extrema, apenas representa el comienzo. Según el periodista Tim Golden, la Casa Blanca ya tiene en la mira a decenas de funcionarios mexicanos con historial de corrupción, y la cancelación de visas es solo el castigo más suave. Lo que viene podría incluir el congelamiento de cuentas y hasta acciones penales. El objetivo: descabezar la red de protección política que ha permitido la expansión del crimen organizado en México.
La relación entre política y delincuencia en México no es nueva, pero ha evolucionado a niveles preocupantes. Desde sobornos individuales hasta la captura total de instituciones municipales, los grupos criminales han ampliado su influencia. Hoy, no solo controlan policías locales, sino también alcaldías completas, presupuestos, programas sociales y medios de comunicación. El resultado: un Estado infiltrado y funcional al crimen, donde los ciudadanos quedan indefensos ante una estructura corrupta y violenta.
A esta realidad se suma la sofisticación alcanzada por los negocios criminales. Casos como el huachicol fiscal, que involucra robo de combustible, importaciones ilegales y redes de corrupción que cruzan fronteras, muestran un nuevo tipo de alianza entre cárteles, funcionarios, aduanas y empresas. Lejos de ser víctimas, muchos servidores públicos se han vuelto cómplices activos de estas redes, que generan pérdidas multimillonarias para Pemex y el erario.
Pero el fenómeno va más allá del ámbito económico. La violencia política también se ha disparado. Desde 2018, el número de víctimas se triplicó, y la presencia del crimen organizado en elecciones es cada vez más evidente. En varios estados, se ha documentado cómo los cárteles respaldan a candidatos a cambio de impunidad y control territorial. El trato es claro: apoyo electoral a cambio de libertad operativa. Esta relación pervierte el sistema democrático y convierte al crimen en un actor político con poder real.
El panorama empeora con la propuesta de elegir jueces por voto popular, una iniciativa que, bajo el discurso de “más democracia”, abre la puerta a que los cárteles también capturen el sistema judicial. Ya hay candidatos con vínculos criminales, y todo indica que el control sobre juzgados clave —como los que procesan delitos de alto impacto— será una prioridad para estas organizaciones.
Estados Unidos, con todo su poder, podría presionar más. Pero la solución no vendrá del norte. Si bien la cooperación internacional puede ayudar, el problema requiere una respuesta interna, fuerte y decidida. El reto para Claudia Sheinbaum será demostrar que tiene la voluntad y la capacidad política para romper con los pactos que algunos dentro de su partido han sellado con el crimen.
El dilema es claro: o se limpia la casa desde adentro, o se permite que el Estado mexicano siga deslizándose hacia un modelo de gobernanza criminal. La presidenta tiene la palabra… y el tiempo corre.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en Entrepeneur Para leer la nota original, visita: Política y crimen: ¿hasta dónde? | Letras Libres
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