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Esta semana abordo un tema que sigue mermando de manera alarmante los recursos de este país: Pemex y CFE, las que fueron en otro momento empresas productivas y hoy han sido rebautizadas como empresas públicas. Esta transformación se consolidó con la reciente reforma constitucional impulsada por la recien llegada moradora de palacio, quien no tardó ni un mes desde su llegada para dar este golpe de timón.
En los discursos mañaneros, el cambio parece algo positivo, una especie de maná caído del cielo que beneficiará a estas empresas. Pero la realidad es que esta reforma ha abierto la puerta a un gasto público desbordado. Al dejar de lado el mandato de rentabilidad, Pemex y CFE ya no necesitan generar ganancias. Ahora, su único objetivo es suministrar energía como un “servicio público,” sin preocuparse de costos ni de eficiencia. Claro, suena bien en el papel, pero la verdad es que esto coloca a ambas empresas en una peligrosa dependencia de fondos públicos que difícilmente serán suficientes.
¿No entienden que las decisiones del gobierno sobre el sector energético afectan directamente a los ciudadanos y, por ende, al futuro de México? Cada vez que se opta por gastar más en estas empresas, se cierra la puerta a inversiones en sectores clave, generando menos empleo y, en última instancia, limitando nuestras oportunidades de crecimiento. Esto golpea, en especial, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que ven truncadas sus posibilidades de salir adelante.
El tabasqueño, hoy “nuevo morador de Palenque”, fue quien empezó esta costosa cruzada, inyectando recursos una y otra vez para tapar las pérdidas de estas empresas. Incluso así, los números rojos persisten, y hoy enfrentamos las consecuencias de su política de rescate. CFE sigue perdiendo dinero a manos llenas, mientras que Pemex ha acumulado tal nivel de deuda que, de absorberla el Estado, comprometería nuestra calificación crediticia y aumentaría el costo de la deuda nacional.
Y aquí, mi estimado lector, entra en escena la pseudo emperatriz. Su administración, en lugar de enmendar la plana, ha decidido duplicar la apuesta y seguir canalizando dinero a Pemex, ignorando advertencias de expertos, incluyendo a Moody’s, que ya señala que esta política podría requerir más de 19,000 millones de dólares para cubrir las deudas de corto plazo de la petrolera. ¿Quién pagará esa cuenta? No hay que ser un genio para adivinarlo.
Mientras tanto, la CFE también exige cada vez más apoyo financiero. Según las mismas calificadoras, solo en 2023 este respaldo representó el 12% de sus ingresos. Y con los planes actuales de que la empresa estatal abastezca el 54% de la energía eléctrica del país, la carga financiera solo seguirá creciendo. Esto, en un contexto en el que carecemos de infraestructura suficiente y en el que generar energías limpias es, tristemente, una mera promesa sin fondos ni planes reales para materializarse.
En buen cristiano, estamos ante un nuevo capítulo de malas decisiones que ponen en jaque a las finanzas públicas, ya de por sí tambaleantes. Se espera que el próximo año, se recorte el gasto en áreas esenciales —infraestructura, salud, educación— con la excusa de reducir el déficit, pero, al parecer, no se escatimará en seguir derrochando recursos en empresas que, francamente, han probado ser agujeros negros para el erario. Ambos gigantes energéticos podrían ser rentables si se fragmentaran y vendieran al mejor postor. Sería un respiro para el país, pero sabemos que eso no va a suceder.
Y mientras la corcholata mayor nos promete una transición a energías limpias, la realidad es que las promesas no alcanzan ni para llenar una cubeta. La idea de convertir a Pemex en líder de energías limpias es tan absurda como pedirle a un lobo que cuide ovejas. ¿Por qué no dejar esa tarea a la CFE, que es la empresa que realmente debería estar al frente de la transición energética? Claro, eso requeriría una inversión seria en investigación y desarrollo, algo que la pseudo emperatriz parece no tener en la lista de prioridades.
Al final del día, todo se reduce a decisiones políticas que ignoran la economía básica y que ponen en juego no solo nuestro dinero, sino nuestro futuro. En este país somos 130 millones de mexicanos, y el apoyo de 36 millones de votos no representa la voz de todos. Ojalá que, en algún momento, el resto de la población levante la voz y exija un alto a este gasto desmesurado.
Así, así los tiempos estelares del segundo piso, de la transformación de cuarta.