El Consejo de Europa ha emitido una nueva resolución en la que critica el sistema de indemnización por despido vigente en España, argumentando que no cumple con los estándares europeos de protección laboral. Esta no es la primera vez que la institución señala deficiencias en el modelo español, lo que ha generado presión sobre el Gobierno para que lleve a cabo reformas.
La resolución cuestiona que las compensaciones actuales por despido no sean lo suficientemente elevadas para disuadir despidos injustificados ni para compensar adecuadamente a los trabajadores afectados. Según el Consejo, el marco vigente podría vulnerar derechos fundamentales de los empleados, al no garantizar una reparación proporcional al daño causado por la pérdida del empleo.
Ante esta situación, se espera que el Ejecutivo español analice posibles modificaciones en la legislación laboral para ajustarse a las recomendaciones europeas. Sin embargo, cualquier cambio en esta materia podría generar un intenso debate entre sindicatos, empresarios y el propio Gobierno, dada la complejidad y el impacto económico que una reforma de este tipo conlleva.
Desde el sector empresarial, se advierte que un aumento en la indemnización por despido podría dificultar la contratación, especialmente en un contexto de incertidumbre económica. En contraste, los sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos laborales consideran que una reforma es necesaria para garantizar mayor estabilidad y protección a los trabajadores.
El pronunciamiento del Consejo de Europa refuerza las demandas de aquellos que llevan años reclamando una revisión del sistema español. La incógnita ahora es si el Gobierno tomará medidas en respuesta a esta resolución y en qué dirección orientará una posible reforma.
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