El caso de Teuchitlán, donde se registraron desapariciones vinculadas a ofertas de empleo fraudulentas, ha reavivado el debate sobre la crisis de desapariciones en México. Más allá de un enfoque meramente de seguridad, este fenómeno evidencia una problemática de raíz económica, donde la pobreza y la falta de oportunidades generan un caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado amplíe sus redes de captación.
Actualmente, no se puede entender la desaparición forzada sin considerar las condiciones estructurales que afectan a millones de jóvenes. El uso de ofertas laborales falsas se ha convertido en una estrategia recurrente: promesas de empleo en redes sociales terminan en tragedia. Jóvenes que buscaban trabajo desaparecen tras acudir a entrevistas aparentemente legítimas, sin dejar rastro.
El crimen organizado ha identificado con precisión los vacíos que deja el mercado laboral formal. Ofrecen empleos con sueldos superiores al promedio, poca exigencia de experiencia y horarios flexibles, presentando una alternativa atractiva para quienes viven con incertidumbre económica. Esta práctica no es nueva, pero ha evolucionado. Anuncios que antes se publicaban en los clasificados, ahora se propagan en plataformas como TikTok, donde la audiencia principal son personas de entre 18 y 24 años.
A pesar de que algunos jóvenes desconfían de estas ofertas, las difíciles condiciones laborales los obligan a arriesgarse. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), a finales de 2024 había más de 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, de los cuales el 53.4% estaban activos laboralmente. Sin embargo, la tasa de desempleo juvenil era del 5.0%, casi el doble del promedio nacional. Peor aún, muchos de los empleados ganaban menos de un salario mínimo, o trabajaban sin remuneración.
Estas cifras muestran la vulnerabilidad de un sector que debería estar en pleno desarrollo. Entre los jóvenes de 15 a 19 años, el 55.4% gana menos del salario mínimo y el 15.4% no recibe ningún pago. Frente a este panorama, no sorprende que una parte vea en el crimen organizado una opción real de sustento económico y ascenso social. Un estudio de la revista Science estima que los cárteles mexicanos emplean a 175 mil personas, posicionándose como uno de los principales empleadores del país.
Las redes criminales no solo ofrecen empleo; venden una narrativa de reconocimiento, comunidad y pertenencia. En un país donde millones de jóvenes no pueden imaginar un futuro digno, formar parte de un cártel puede representar una oportunidad para “salir adelante”. Por eso, cada vez más jóvenes terminan atrapados en redes de trata, esclavitud o desaparición, víctimas de un sistema que los ha dejado atrás.
En definitiva, la desaparición forzada y el reclutamiento criminal no se entienden sin observar el contexto económico. La inseguridad es solo una cara del problema; la otra es la desesperanza de una juventud sin opciones. Para frenar esta crisis, se requiere una estrategia que combine seguridad con políticas públicas enfocadas en el desarrollo juvenil, el acceso al empleo digno y la garantía de un futuro posible. Porque mientras la precariedad persista, el crimen organizado seguirá encontrando mano de obra desesperada.al, visita: La economía detrás de las desapariciones de jóvenes en México | El Universal
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