Dos empresas de origen francés han iniciado un proceso legal contra el gobierno de Chile, argumentando que las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia de COVID-19 provocaron una reducción significativa en sus ganancias. Ambas compañías fundamentan su reclamo en un acuerdo bilateral de inversión firmado en 1992, que contempla mecanismos de protección para inversionistas extranjeros.
El conflicto surge luego de que el gobierno chileno rechazara cualquier tipo de compensación por las pérdidas alegadas. En respuesta, las empresas recurrieron a instancias internacionales, utilizando las disposiciones del tratado para exigir una reparación económica.
Este caso pone en evidencia el debate sobre los tratados de inversión y su impacto en la soberanía de los países. Si bien estos acuerdos fueron diseñados para proteger a los inversionistas de medidas arbitrarias, en la práctica han permitido que empresas extranjeras demanden a los Estados por decisiones de política pública que afectan sus beneficios.
Chile no es ajeno a este tipo de controversias. En los últimos años, el país ha enfrentado múltiples demandas similares, lo que ha representado gastos millonarios en defensa legal y, en algunos casos, en indemnizaciones a las compañías afectadas.
El gobierno actual ha intentado impulsar reformas para equilibrar la relación entre protección a inversionistas y autonomía en la toma de decisiones estatales. Sin embargo, el sistema internacional sigue favoreciendo a los intereses de los inversionistas privados por encima de las políticas nacionales de los Estados.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en Cadena SER. Para leer la nota original, visita: Cadena SER.
