Un impuesto mínimo del 2% sobre la riqueza de los multimillonarios a nivel mundial podría generar una recaudación tributaria anual de 250,000 millones de dólares, según un informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. En el caso de México, este impuesto podría generar ingresos al fisco por al menos 3,476 millones de dólares o 59,821 millones de pesos, superando tres veces el presupuesto anual de la Secretaría de Cultura.
El cálculo se basa en la existencia de al menos 2,500 personas con fortunas de al menos 1,000 millones de dólares, acumulando una riqueza total de 13 billones de dólares. En México, hay al menos 10 personas con fortunas que superan los 1,000 millones, incluyendo a Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala y Alejandro Baillères, con una fortuna conjunta de casi 173,800 millones de dólares.
Un impuesto mínimo del 2% sobre esta riqueza podría generar cerca de 60,000 millones de pesos en ingresos tributarios anuales. El Observatorio Fiscal destaca que este impuesto tiene tres ventajas: recaudar ingresos para invertir en educación, salud, infraestructura y transición energética; limitar la desigualdad económica; mejorar el cumplimiento tributario; y facilitar reformas fiscales más amplias.
Según un informe de Oxfam, la fortuna de Slim y Larrea equivale a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe. Además, durante el Foro Económico Mundial de Davos 2024, 250 millonarios instaron a los gobiernos a cobrarles impuestos para financiar servicios públicos e infraestructura.
Una encuesta de la organización Patriotic Millionaires reveló que el 75% de 2,385 personas con más de un millón de dólares en activos invertibles apoya la idea de un impuesto del 2% para aquellos con una fortuna de más de 1,000 millones de dólares.
Pedro Canabal, socio de Comercio Exterior e Impuestos de la firma Baker Tilly, sugiere una tasa global de Impuesto sobre la Renta del 12% como alternativa al impuesto a la riqueza, argumentando que esto evitaría la relocalización de empresas hacia países con menor carga impositiva. Sin embargo, destaca que para implementar esta propuesta se requeriría un acuerdo global entre todos los países y una implementación gradual debido a las diferencias en las tasas de ISR actuales.
Con información de El Economista | Nota original
