El Gobierno ha aprobado la tramitación preferente de procesos judiciales relacionados con la DANA, incluyendo despidos y extinciones de contrato por causas económicas o de fuerza mayor, y reclamaciones por daños ocasionados por este fenómeno climático. Estas medidas buscan garantizar los derechos de los afectados y ofrecer respaldo a empresas beneficiarias de las ayudas directas.
Entre las iniciativas destacadas, se incluyen mecanismos para detener subastas judiciales relacionadas con los efectos de la DANA y declarar inembargables todas las ayudas otorgadas para paliar los daños. Asimismo, se reinicia el cómputo de plazos procesales en los juzgados de las zonas afectadas, ampliando los plazos para recurrir resoluciones judiciales notificadas durante la suspensión de actividades.
En el ámbito empresarial, el Real Decreto-ley permite reuniones virtuales de órganos de gobierno, flexibiliza la formulación de cuentas anuales hasta junio de 2025 y extiende los plazos para declarar insolvencias y alcanzar acuerdos de reestructuración hasta diciembre de ese mismo año. Estas medidas buscan minimizar las consecuencias económicas y legales de la catástrofe climática, ofreciendo un marco jurídico adaptado a las circunstancias excepcionales.
