El Ejecutivo de España ha dado luz verde a un nuevo real decreto ley que busca aliviar la saturación de los centros de acogida en Canarias mediante la redistribución de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. La medida responde a la creciente presión migratoria en el archipiélago, que ha visto un aumento significativo en la llegada de menores en los últimos meses.
Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de controversia. Diversas comunidades autónomas bajo el gobierno del Partido Popular han expresado su rechazo a la iniciativa. En particular, la administración de Murcia ha manifestado su firme intención de llevar el decreto ante el Tribunal Constitucional, argumentando que vulnera su capacidad de decisión y genera dificultades para la gestión local de los recursos.
Desde el PP, el presidente de los populares en Canarias, Manuel Domínguez, ha mantenido una postura más moderada en comparación con sus compañeros de partido en otras regiones. Domínguez ha señalado que comprende la necesidad de tomar medidas ante la crisis migratoria y ha indicado que su comunidad está dispuesta a acatar las disposiciones establecidas por el Gobierno central.
El decreto establece criterios para la distribución equitativa de los menores, con base en la capacidad de acogida de cada región. El objetivo es evitar la sobrecarga de los centros en Canarias y garantizar una mejor atención para los niños y adolescentes afectados.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una respuesta necesaria ante la emergencia humanitaria, la oposición insiste en que se está vulnerando el principio de autonomía de las comunidades autónomas. En los próximos días, se espera que se presenten recursos legales contra el decreto, lo que podría generar un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo central y las administraciones regionales.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en Cadena SER. Para leer la nota original, visita:
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