La propuesta de reforma constitucional presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para permitir que el Estado mexicano pueda utilizar las vías ferroviarias concesionadas para el transporte de carga, con el fin de ofrecer también servicios de transporte de pasajeros, marca un cambio significativo en la política de transporte del país. Esta iniciativa busca expandir y diversificar el uso de la infraestructura ferroviaria existente, que abarca unos 18,000 km de vías, para incluir el transporte de personas, además del de mercancías.
Esta reforma podría tener un impacto profundo en la conectividad y movilidad dentro de México, especialmente en las regiones que actualmente tienen acceso limitado al transporte público eficiente. Al abrir la posibilidad de que tanto empresas públicas como privadas puedan ofrecer servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril, se espera fomentar la competencia, la innovación y la mejora en la calidad del servicio.
La iniciativa también subraya la intención del gobierno de priorizar el transporte de pasajeros sobre el de carga, cuando sea necesario, para garantizar que las necesidades de movilidad de la población sean atendidas de manera adecuada. Con la implementación de marcos regulatorios robustos, se busca asegurar un entorno equitativo para todas las entidades involucradas, promoviendo así un sistema de transporte más integrado y eficiente.
Este enfoque no solo busca mejorar la infraestructura y los servicios de transporte en México, sino también impulsar el desarrollo económico de áreas estratégicas, especialmente en el sur-sureste y centro del país, a través de proyectos de infraestructura férrea. La propuesta, de ser aprobada, requerirá de ajustes en la legislación secundaria, para lo cual el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias tras la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Con información de El Economista | Nota original
