Una administración fiscal eficiente y transparente a nivel estatal y municipal podría representar la clave para alcanzar el desarrollo sostenible en México. En especial, los municipios, por ser el nivel de gobierno con una presencia territorial más inmediata, tendrían un rol más activo en el manejo de recursos si existiera un sistema fiscal más coordinado entre los tres niveles de gobierno.
Aunque en el federalismo mexicano se reconoce la existencia de poderes compartidos entre la federación, los estados y los municipios, la realidad es que no se ha logrado consolidar una verdadera corresponsabilidad fiscal. Esto se debe en gran parte a la dificultad de asignar de forma efectiva los ingresos que corresponden a cada nivel, lo cual está establecido en la ley pero no siempre se aplica de manera coherente.
Uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos subnacionales es su alta dependencia de las transferencias federales, particularmente de las participaciones y aportaciones del Ramo 33. Esto impide una autonomía financiera real, en especial a nivel municipal, donde la capacidad de generar ingresos propios es limitada y la dependencia del centro se acentúa.
Un ejemplo emblemático es el caso del impuesto sobre tenencia vehicular. Este tributo, aunque en manos de los estados, fue regulado por el gobierno federal y durante un tiempo representó una fuente significativa de ingresos. Sin embargo, tras su eliminación del ámbito federal bajo el gobierno de Felipe Calderón, muchos estados decidieron derogarlo sin considerar el impacto que tendría en los municipios, los cuales dejaron de recibir al menos un 20% de esa recaudación.
La falta de aprovechamiento óptimo de la tenencia ha generado pérdidas importantes. Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria reveló que, entre 2014 y 2023, la recaudación por este concepto cayó un 43.7%. Esta reducción debilitó una de las herramientas más importantes de recaudación estatal, afectando así la estabilidad financiera de las entidades federativas.
Según datos del INEGI a través del sistema EFIPEM, los impuestos estatales representaron apenas el 18% de las participaciones totales recibidas en 2023. Esto evidencia que la capacidad recaudatoria propia es aún muy baja, lo que además implica una menor autonomía y un mayor reto en términos de auditoría, ya que más recursos implican también más responsabilidad en su uso y fiscalización.
Finalmente, hay aspectos que requieren atención inmediata, como el incumplimiento de los gobiernos estatales en sus aportaciones a universidades públicas. Aunque el gobierno federal cumple su parte, muchas entidades no lo hacen, escudándose en la “disponibilidad presupuestal”. Solo algunos estados, como Oaxaca y Chiapas, han demostrado compromiso. Para mejorar el sistema fiscal mexicano, se necesita voluntad política, coordinación y una visión a largo plazo que fortalezca tanto la recaudación como el gasto responsable.
Nota original, visita: Retos para las finanzas locales – El Financiero
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