El Fondo de Pensiones para el Bienestar, actualmente en proceso de constitución, tendrá un costo para el gobierno de 6.7 billones de pesos en los próximos 50 años, según un estudio actuarial. Hasta ahora, solo se ha considerado un financiamiento inicial de poco más de 40,000 millones de pesos provenientes de cuentas inactivas en las Afores.
El informe, elaborado por los actuarios Francisco Miguel Aguirre Farías y Francisco Miguel Aguirre Villarreal de Valuaciones Actuariales del Norte y Grupo VAN, estima que el costo del Fondo de Pensiones para el Bienestar durante los próximos 75 años sería de 9.8 billones de pesos.
Estos cálculos consideran un escenario en el que el complemento a las pensiones de los trabajadores con los recursos del Fondo no será transferible a sus beneficiarios y será adicional al programa de la Pensión Universal de los Adultos Mayores.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar será un fideicomiso público que proporcionará a los institutos de seguridad social (IMSS, Infonavit e ISSSTE) los recursos necesarios para complementar las pensiones de los trabajadores, asegurando que estas sean iguales a su último salario, siempre y cuando no excedan un tope de 16,777.78 pesos mensuales.
Solo serán elegibles para recibir este complemento los trabajadores que se retiren a los 65 años, que coticen en el sistema Afore (desde julio de 1997 para el IMSS y desde abril de 2007 para el ISSSTE) y cuya pensión no supere el mencionado tope.
Otro escenario propuesto
En el informe se plantea otro escenario donde, a la pensión obtenida con los recursos de la Afore, se le sume el apoyo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y a partir de eso se otorgue el complemento con el Fondo.
En este caso, el costo del Fondo de Pensiones para el Bienestar sería de 3.6 billones de pesos en los próximos 50 años y de 5.20 billones de pesos en los próximos 75 años.
Cabe aclarar que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no menciona que el complemento para que las pensiones sean iguales al último salario se dará considerando la Pensión Universal.
En el estudio actuarial, los autores afirman que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar implicará «costos adicionales» para el gobierno federal bajo cualquier escenario. Sin embargo, no se aventuran a comentar si estos costos son viables financieramente, ya que esto dependerá del análisis del Poder Ejecutivo con información más precisa.
«Para realizar las proyecciones, se eligieron hipótesis actuariales, demográficas y financieras que, aunque pueden modificarse, creemos que las tendencias serán similares», explicaron los autores.
Falta de claridad en el financiamiento
Además de los 40,000 millones de pesos provenientes de cuentas inactivas en las Afores que no hayan sido reclamadas por personas de 70 años o más, el Fondo de Pensiones también se financiará inicialmente con otras fuentes de recursos, aunque no queda claro cuánto se obtendrá de ellas.
Por ejemplo, según el decreto publicado en el DOF, el Fondo se financiará con el 75% de los remanentes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el 25% de las utilidades de entidades paraestatales sectorizadas a las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, aunque estas aún no tienen ganancias, como en el caso del Tren Maya.
El decreto también menciona que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, que se pretenden desaparecer, se destinarán al Fondo una vez que concluyan los procedimientos legales en curso; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ratificó la suspensión definitiva para frenar su extinción.
Además, se pretende financiarlo con los recursos de la desaparición de órganos autónomos, lo cual requeriría una reforma en el Congreso para ser aprobado.
La única fuente de financiamiento detallada por el gobierno son los 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas de las Afores; para las demás fuentes, no se han dado cifras.
Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), señaló que, dada la falta de claridad en el financiamiento, «no hay un fondeo claro» para el Fondo de Pensiones para el Bienestar a largo plazo.
«Habrá una entrada de recursos a corto plazo, pero no una entrada sostenible a largo plazo. En el corto plazo, no habrá problema porque las necesidades serán pocas, ya que pocos trabajadores se retirarán en los próximos años. Pero el problema será en 25 años y después», afirmó.
Actualmente, el Fondo está en proceso de constitución y se espera que el próximo 1 de julio se otorgue el primer complemento a la pensión de un trabajador con sus recursos.
El proceso está siendo llevado a cabo por un grupo interinstitucional que incluye a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, entre otros funcionarios de la Consar, Infonavit, ISSSTE, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Banco de México.
Con información de El Economista | Nota original
