El gasto público en América Latina y el Caribe promedió el 35% del PIB, en contraste con el 43.3% de los 38 países miembros de la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En cuanto al gasto por país en la región, México resalta entre los diez más altos, alcanzando el 32% del Producto Interno Bruto. Esto contrasta con el 25% del PIB ejercido por el mismo gobierno bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador en 2019.
El aumento en el gasto público de México en tres años contrasta con el promedio latinoamericano, que según la OCDE, pasó del 34% del PIB en 2019 al 34.8% en 2022. En este lapso, el gobierno mexicano incrementó su gasto en el equivalente a siete puntos porcentuales del PIB, mientras que sus contrapartes regionales apenas aumentaron ocho décimas de punto.
El Panorama de la Administración Pública de América Latina y el Caribe 2024, un informe de la OCDE, señala que los gobiernos son responsables de proporcionar servicios públicos y beneficios mediante la redistribución de ingresos a través de prestaciones sociales y subsidios. La participación gubernamental en la prestación de servicios varía considerablemente en la región, al igual que el gasto público asociado.
Los expertos de la OCDE destacan que algunos gobiernos se basan principalmente en la prestación directa de servicios como salud y educación, mientras que otros optan por una combinación de prestación pública y privada.
La pandemia ha requerido un aumento del gasto en asistencia sanitaria, programas de bienestar social y apoyo a empresas y particulares afectados por el cierre de actividades en la mayoría de los países, excepto en México y Uganda, que ofrecieron estímulos fiscales más modestos.
En cuanto a los Datos Abiertos Gubernamentales (DAG), buscan garantizar el acceso a datos de organismos públicos en formatos abiertos y accesibles. Un índice de datos abiertos desarrollado por la OCDE evaluó los esfuerzos de los gobiernos en este aspecto. En promedio, seis países latinoamericanos obtuvieron una puntuación de 0.37 puntos sobre 100 posibles, por debajo del promedio de la OCDE de 0.48.
Brasil (0.56), Colombia (0.55) y Perú (0.52) lideran en políticas de datos abiertos, mientras que México (0.27), Costa Rica (0.19) y Chile (0.13) tienen espacio para mejorar, especialmente en el apoyo gubernamental a la reutilización de datos.
Con información de El Economista | Nota original
