El robo de combustible en México, conocido como huachicol, ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en una operación transnacional a gran escala que alimenta los ingresos del crimen organizado. Así lo advirtió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una alerta emitida el pasado 1 de mayo, donde se señala que esta actividad ilícita ya representa la principal fuente de recursos no relacionados con drogas para los cárteles mexicanos.
Según el reporte, el entramado detrás de este delito involucra directamente a empleados corruptos de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes facilitan el acceso a ductos, refinerías y unidades de transporte. La colusión entre estos trabajadores y grupos delictivos ha permitido consolidar una red de extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos tanto en México como en Estados Unidos y América Central.
El modus operandi revelado por las autoridades estadounidenses incluye métodos como sobornos, perforaciones clandestinas, robos en refinerías, secuestros de pipas y amenazas a empleados de Pemex. Una vez sustraído, el crudo es transportado hacia territorio estadounidense, donde se disfraza como aceite residual u otros materiales para evadir controles fronterizos y regulaciones ambientales.
Los hidrocarburos robados son vendidos a empresas cómplices ubicadas cerca de la frontera suroeste de EE.UU., las cuales los revenden con descuentos agresivos en los mercados energéticos. Las ganancias obtenidas son luego enviadas de vuelta a México, fortaleciendo las finanzas de los cárteles, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El documento recuerda que el 10 de septiembre de 2024, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) impuso sanciones a 9 ciudadanos mexicanos y 26 entidades vinculadas al CJNG por su implicación en el robo de combustible. Entre ellos destaca Iván Cazarin Molina, alias «El Tanque», uno de los principales operadores en esta red criminal.
El impacto económico de estas actividades ha sido devastador para las finanzas de Pemex. La paraestatal arrancó 2025 con una deuda que ascendió a 2.05 billones de pesos, un incremento del 3.8% respecto al cierre de 2024. Este escenario se agrava con las millonarias pérdidas provocadas por el huachicol, que ha drenado miles de millones de pesos de los ingresos públicos.
Ante este panorama, queda claro que la lucha contra el huachicol no solo implica un combate frontal al crimen organizado, sino también una urgente depuración interna en Pemex y un esfuerzo conjunto entre gobiernos para frenar una de las economías ilícitas más lucrativas del continente.
Nota original, visita: Pemex impulsa huachicol y alimenta las finanzas de los narcos: Departamento de Estado – Proceso
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