La posibilidad de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos por personas que no sean ciudadanos ha encendido las alertas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). La presidenta del organismo, Gabriela Gutiérrez Mora, advirtió que esta medida podría empujar a los migrantes a recurrir a canales informales como los encomenderos o incluso a operar con criptomonedas, lo que traería mayores riesgos y costos para quienes envían dinero a sus familias.
Gutiérrez subrayó que, de aprobarse la iniciativa, se estaría modificando de manera drástica el sistema de remesas que se ha consolidado durante más de 25 años en EE.UU., basado en instituciones formales como bancos y remesadoras. Estos canales garantizan transparencia, trazabilidad y seguridad, condiciones que no están presentes en las opciones informales que podrían resurgir con fuerza.
El Congreso estadounidense comenzó la semana pasada el debate sobre esta propuesta, que afecta a todas las personas físicas no ciudadanas, incluyendo aquellas que cuentan con visa de residencia y cumplen con sus obligaciones fiscales. Aunque la discusión se suspendió temporalmente como parte de la negociación del paquete financiero general, las implicaciones siguen generando inquietud entre economistas y expertos en política migratoria.
Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que el migrante no dejará de enviar dinero, pero lo hará por medios no tradicionales. Recordó que los encomenderos —personas que transportan dinero en efectivo desde EE.UU. a México— podrían volver a operar con mayor frecuencia, lo que representa un retroceso respecto a la formalización del sistema financiero que se logró en las últimas décadas.
“El problema es que este método resulta mucho más caro y menos seguro”, puntualizó Herrera. En estos casos, el dinero se entrega en efectivo a alguien que lo transporta a México hasta el límite permitido sin declarar, y los familiares pagan una comisión adicional al recibirlo, elevando significativamente el costo de la operación.
Otra alternativa que podría ganar terreno es el uso de criptomonedas. De acuerdo con Herrera y Gutiérrez, ya existen empresas explorando el envío de remesas mediante plataformas basadas en blockchain. Sin embargo, esta vía también implica desafíos en materia de regulación, volatilidad y transparencia, lo que podría poner en riesgo tanto al remitente como al receptor.
Gutiérrez enfatizó que esta situación afectaría especialmente a las comunidades que dependen en gran medida de las remesas. En México, estos ingresos representan más del 3% del PIB nacional y entre el 10% y 14% del PIB en estados como Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Chiapas. “Son recursos que estimulan directamente el consumo y el desarrollo local”, dijo.
La presidenta del IMEF también advirtió que la iniciativa podría generar conflictos legales, al establecer un trato desigual entre residentes legales —que pagan impuestos— y personas en situación migratoria irregular. “De aprobarse, se estaría configurando un escenario de discriminación fiscal con implicaciones jurídicas importantes”, señaló.
Finalmente, el IMEF considera que el entorno se podría agravar por el endurecimiento de las políticas contra migrantes ilegales, lo que a su vez podría disminuir el volumen de remesas en los próximos meses. De ocurrir, se afectaría directamente a millones de familias que dependen de este ingreso para satisfacer necesidades básicas y mantener en marcha las economías locales más vulnerables.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en ADN 40. Para leer la nota original, visita: Impuesto a remesas abriría la puerta a canales informales: Ejecutivos de Finanzas • Economía y finanzas • Forbes México