El plan fiscal del expresidente y actual mandatario estadounidense Donald Trump ha dado un paso más hacia su implementación. El pasado jueves, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó la propuesta que incluye, entre otras medidas, un polémico impuesto del 3.5 % a las remesas enviadas fuera del país. Ahora, la iniciativa será debatida en el Senado.
Este impuesto eliminaría la actual tasa cero que beneficia a millones de migrantes, principalmente mexicanos, y afectaría directamente el poder adquisitivo de sus familias en México. Al sumarse al cargo que ya imponen las empresas de transferencia como Western Union y MoneyGram —que oscila entre el 5 y el 10 %—, el nuevo gravamen haría que hasta un 13.5 % del monto enviado se pierda en comisiones e impuestos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado la medida como una “injusticia” y un acto “discriminatorio”, y ha llamado tanto al Gobierno de México como a los migrantes a rechazar el impuesto y movilizarse contra su aprobación. Señaló que esta política no solo golpea a los trabajadores migrantes, sino que también afecta la economía mexicana a nivel local, pues gran parte de ese dinero se utiliza para satisfacer necesidades básicas.
Tiendas receptoras de remesas como Waldo’s, Oxxo, Banco Azteca, Chedraui, Soriana, La Comer y Walmart podrían verse impactadas si el flujo de recursos enviados desde Estados Unidos disminuye. En entrevista, Leonardo Zenteno, director de servicios financieros de Waldo’s, explicó que el dinero recibido por sus más de 60 mil clientes de remesas se destina a alimentación, educación, ropa y vivienda, siendo la despensa la prioridad inmediata.
El plan fiscal también incluye ampliaciones de exenciones fiscales para propinas y compras de autos fabricados en EU, aumentos en el gasto para política migratoria, así como restricciones a programas de ayuda social como Medicaid y Medicare, medidas que han provocado fuertes divisiones en el Congreso.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la iniciativa sumaría 2.4 billones de dólares a la deuda nacional en los próximos diez años, superando los 36 billones de deuda actual. Para compensar parte de ese déficit, el proyecto contempla recortes superiores a 1 billón de dólares en programas de seguridad social, incluyendo hasta 500 mil millones en recortes a Medicare.
Si se aprueba en el Senado, este impuesto afectaría particularmente a estados mexicanos con alta recepción de remesas como Michoacán, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México, donde muchas familias dependen de estos ingresos como principal sustento económico.
El debate en el Senado será clave no solo para los migrantes en Estados Unidos, sino para millones de hogares en México que podrían ver cómo su principal fuente de ingreso se reduce por una política que, según sus críticos, atenta contra la equidad y la estabilidad de los más vulnerables.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en La Jornada. Para leer la nota original, visita: Impuesto de 3.5% a remesas pegaría a empresas: ¿Qué cadenas de autoservicio y bancos serían afectados? – El Financiero
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