La Secretaría de Economía (SE) ha dado inicio a una investigación antidumping en contra de las importaciones de cartoncillo procedentes de la República Popular China. Según el Diario Oficial de la Federación (DOF), la medida busca determinar si dichas importaciones han sido objeto de prácticas desleales de comercio internacional.
La solicitud de esta investigación fue presentada el 27 de septiembre de 2024 por la empresa Productora de Papel y Cartones Ponderosa. La compañía alega que entre agosto de 2019 y julio de 2024, se registraron grandes volúmenes de importación de cartoncillo a precios considerablemente inferiores a los de la producción nacional, lo que ha generado un impacto negativo en los indicadores del sector. De no aplicarse medidas compensatorias, se prevé un agravamiento de la situación.
La SE ha establecido un período de investigación que abarca del 1 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024, mientras que el análisis de daño comprende desde agosto de 2019 hasta julio de 2024. Las importaciones sujetas a evaluación incluyen aquellas registradas bajo las fracciones arancelarias 4810.13.07, 4810.29.99, 4810.32.01, 4810.39.99, 4810.92.01 y 4810.99.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (Tigie).
El cartoncillo investigado se emplea ampliamente en la fabricación de empaques para productos de consumo, como cajas para cereales, galletas, medicamentos, refacciones automotrices y electrodomésticos. Además, es un insumo clave en sectores como artes gráficas, alimentos no perecederos, farmacéutica, cosméticos, juguetes y papelería.
Los productores nacionales, importadores, exportadores y demás interesados en el procedimiento tendrán un plazo de veintitrés días hábiles para presentar pruebas que acrediten su interés jurídico. La investigación también será notificada a la embajada de China y a las autoridades aduaneras mexicanas. En caso de determinarse la existencia de dumping, se podrían aplicar cuotas compensatorias definitivas, incluso con efecto retroactivo hasta 90 días antes de la implementación de medidas provisionales. La resolución entrará en vigor el 14 de febrero de 2025.
