Un grupo de legisladores estadounidenses ha expresado su preocupación sobre la reciente reforma judicial en México, pidiendo a la Oficina de la Representante Comercial de EE. UU. (USTR) que se asegure de que las modificaciones legales no violen los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los congresistas consideran que ciertos aspectos de la reforma podrían afectar negativamente los derechos de las empresas estadounidenses que operan en México, así como el comercio e inversiones bilaterales. Insisten en que la USTR debe garantizar que la legislación mexicana no contradiga las disposiciones del tratado, que busca proteger la estabilidad y previsibilidad de los negocios en la región.
Este llamado es un reflejo de las tensiones que pueden surgir entre la política interna y los acuerdos comerciales internacionales, donde los cambios legales pueden tener repercusiones significativas en la cooperación económica entre los países miembros del T-MEC.
