La actuación de Yox Holding, la empresa de «trading deportivo» que enfrenta un incumplimiento de más de 1,000 millones de pesos con cerca de 50,000 inversionistas, no pasó desapercibida para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) antes de su quiebra. Sin embargo, esta autoridad financiera no actuó de manera eficaz contra la empresa, lo que abre la puerta para que los afectados puedan demandar a la CNBV por daño patrimonial.
Aunque Yox Holding, dirigida por el venezolano Carlos Lazo, no estaba sujeta a la supervisión de la CNBV debido a su naturaleza jurídica como Sociedad Anónima de Capital Variable, la autoridad podría haber influenciado investigaciones previas al incumplimiento de la empresa, que comenzó en diciembre de 2023.
Se han obtenido documentos que evidencian los problemas de la CNBV en este caso, como un amparo ganado por Yox Holding para eliminar su nombre de una alerta de la CNBV sobre empresas que captaban recursos ilegalmente.
Además, se tiene constancia de que la CNBV emitió una opinión de delito contra la empresa por captación ilegal, pero cuando la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) solicitó la ratificación, la CNBV cambió su postura y revocó su determinación.
En marzo de 2022, la CNBV alertó sobre cinco empresas, incluida Yox Holding, que supuestamente captaban recursos del público sin autorización. Posteriormente, varios bancos cancelaron las cuentas de Yox Holding como consecuencia de esta alerta. Sin embargo, la empresa presentó un amparo alegando que la CNBV no había completado el procedimiento para determinar si estaba realizando una captación ilegal de recursos.
La jueza Blanca Lobo Domínguez resolvió a favor de Yox Holding, ordenando retirar el nombre de la empresa de la alerta de la CNBV. Esta decisión fue celebrada por Carlos Lazo y utilizada para reforzar la percepción pública de que su modelo de negocio era legal.
En marzo de 2023, la PFF solicitó a la CNBV la ratificación de la opinión de delito contra Yox Holding, pero la CNBV cambió su postura y revocó su determinación, argumentando que la conducta de captación ilegal no se configuraba por completo en el contrato de la empresa.
La CNBV sostiene que su opinión de delito no limita las facultades de investigación del Ministerio Público ni de cualquier persona para denunciar hechos con apariencia de delito. Por el momento, fiscalías en varias partes del país han iniciado acciones judiciales por este caso, pero la ubicación de Carlos Lazo y el paradero de los recursos aún son desconocidos.
Con información de El Economista | Nota original
