La preocupación por un posible estancamiento o crecimiento negativo vuelve a instalarse en el panorama económico de México. Desde una perspectiva de política de Estado, esto resulta inaceptable, ya que para garantizar el bienestar social mínimo es necesario que la economía crezca por encima del ritmo poblacional, estimado en un 0.9% anual. De no alcanzarse ese objetivo, el riesgo es un deterioro constante en las condiciones de vida de millones de personas.
Para evitar este escenario, se plantea que la meta de crecimiento económico no debería ser menor al doble de la expansión demográfica, es decir, al menos 1.8%. Alcanzar esta cifra permitiría que el país no solo mantenga sus niveles actuales de bienestar, sino que comience a cerrar las brechas sociales que han caracterizado las últimas décadas.
Uno de los argumentos en contra de este planteamiento es la falta de recursos públicos para impulsar un crecimiento de ese tamaño. Sin embargo, se señala que México aún tiene margen para incrementar su deuda de forma responsable y que en el mediano plazo podría impulsarse una reforma fiscal. Este cambio no solo tendría como objetivo aumentar el crecimiento, sino también combatir la desigualdad en el ingreso y mejorar la distribución de la riqueza.
Frente a quienes consideran que una reforma fiscal es inviable por el clima político actual, se argumenta que no hacer nada tendría consecuencias más graves. Si no se garantizan los mínimos de bienestar, se seguirá empujando a los jóvenes hacia el empleo informal o incluso hacia actividades ilegales. Por ello, se propone iniciar un proceso de reordenamiento nacional, donde se aprovechen los proyectos ya en marcha, como los incluidos en el Plan México.
Uno de los pilares de esta estrategia debería ser una política de sustitución de importaciones que permita reactivar la producción nacional. En este sentido, se destaca la importancia de una alianza entre el sector público y el privado, apoyada por la banca de desarrollo, para fortalecer la infraestructura y la producción interna. Un ejemplo de los avances actuales es el funcionamiento del Tren Interoceánico, que ya comenzó a transportar vehículos de la empresa Hyundai, marcando un paso hacia la integración del sur del país.
La propuesta contempla dividir los esfuerzos en dos grandes regiones. Por un lado, reactivar el centro-norte mediante programas de sustitución de importaciones; por otro, atender con urgencia el sur y los estados del Pacífico, como Chiapas y Quintana Roo, golpeados por la violencia y la presión migratoria. Estos territorios requieren políticas específicas que les devuelvan estabilidad y desarrollo.
Finalmente, se señala que los proyectos propuestos no generarían disrupciones significativas, ya que están diseñados para trabajar con el sector privado nacional y aprovechar la infraestructura existente. La Secretaría de Economía tendría un papel clave en su implementación. A pesar de los desafíos financieros, hay espacio para la acción y no para la pasividad. La prioridad es imaginar nuevos caminos que fortalezcan el crecimiento y el desarrollo económico de México.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en El Financiero Para leer la nota original, visita: Necesidad de una política contracíclica – El Financiero
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