El Gobierno de Argentina ha derogado la normativa establecida durante la administración de Alberto Fernández que regulaba los precios de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo telefonía móvil, internet y TV por cable. Esta decisión, contenida en el Decreto 302/2024, revoca el Decreto 690 de 2020, el cual había declarado a las telecomunicaciones como servicio público esencial en competencia, permitiendo al Estado, a través del ENACOM, regular cualquier ajuste de precios futuro.
A pesar de los intentos por controlar el incremento de los precios de estos servicios, la efectividad de este decreto se vio limitada por las acciones judiciales emprendidas por las empresas, que lograron detener su aplicación completa. En congruencia con la política de desregulación estatal impulsada por la administración de Javier Milei, se busca restaurar un marco normativo que fomente la libre competencia en el sector.
El nuevo decreto modifica la Ley Argentina Digital, eliminando la designación de las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Esto abre la puerta para que los proveedores de servicios de comunicaciones determinen sus precios de forma libre, sin intervención estatal.
El gobierno argumenta que las restricciones judiciales previas permitieron evitar distorsiones significativas en los precios relativos, un problema que no se logró corregir en otros servicios públicos como luz, gas y agua. La medida tomada busca promover un mercado en competencia y la libre fijación de precios para los servicios prestados, revirtiendo así las regulaciones impuestas anteriormente.
Con información de El Economista | Nota original
