El gasto federal en pensiones y jubilaciones sigue al alza. En el primer trimestre de 2025, el gobierno destinó 383 mil 938.4 millones de pesos a cubrir estos compromisos, lo que representa un incremento de 29 mil 959 millones respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra fue revelada por la Secretaría de Hacienda en su más reciente informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública correspondiente a los meses de enero a marzo.
Este aumento representa un desafío para las finanzas públicas, ya que los recursos adicionales superan incluso lo presupuestado para programas sociales estratégicos. Por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta con una asignación anual de 24 mil 205 millones de pesos, es decir, menos que el alza registrada únicamente en el rubro de pensiones en un trimestre.
Además, el incremento equivale al 73% del presupuesto anual de otro programa prioritario: la Beca Universal de Educación Media y Superior Benito Juárez, cuyo gasto aprobado para 2025 asciende a 40 mil 922.4 millones de pesos. Esto evidencia el peso creciente que tiene el pago de pensiones en el diseño del gasto público nacional.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), esta tendencia seguirá intensificándose. El envejecimiento de la población mexicana incrementará la cantidad de personas que solicitarán una pensión, lo que tensionará aún más las finanzas del Estado si no se replantea el modelo actual.
En retrospectiva, el gasto en pensiones y jubilaciones prácticamente se ha duplicado en los últimos siete años. En 2018, la cifra alcanzaba los 792 mil 663.9 millones de pesos, mientras que en 2024 ya había escalado hasta 1 billón 454 mil 234 millones, representando el 16% del gasto total de ese año.
El escenario es aún más complejo si se consideran tanto las pensiones contributivas como las no contributivas. En 2024, la suma total de ambas superó los 1.6 billones de pesos, lo que equivale al 23% del gasto programable del gobierno. Según las proyecciones del CIEP, para el año 2030 será necesario destinar hasta el 7.1% del PIB para cubrir todas las pensiones del país.
Este crecimiento acelerado obliga a repensar la sostenibilidad del sistema de pensiones en México. Sin reformas estructurales, el aumento constante en este rubro podría comprometer recursos esenciales para otros programas sociales y educativos dirigidos a las nuevas generaciones.
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