La Reforma Judicial en México, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está generando controversia tanto a nivel nacional como internacional. La iniciativa busca transformar el sistema de justicia del país con cambios como la elección popular de jueces, la reducción de la Suprema Corte y la creación de nuevos órganos judiciales. Aunque se presenta como un esfuerzo para mejorar la eficiencia y transparencia en los tribunales, varios expertos y organismos han expresado su preocupación por las posibles repercusiones económicas y políticas.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la elección directa y popular de ministros, jueces y magistrados, lo cual, según Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, representa un riesgo para la democracia mexicana. Salazar advierte que esto podría facilitar la manipulación de jueces por parte de cárteles y otros actores maliciosos, poniendo en peligro la imparcialidad judicial y la relación comercial entre México y Estados Unidos. Además, Morgan Stanley y Bank of America han señalado que este cambio podría aumentar las primas de riesgo de México y limitar la inversión de capital, especialmente en un año electoral como 2025, que ya de por sí trae consigo incertidumbre política.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también ha manifestado su preocupación en una carta enviada al Congreso de la Unión, donde afirma que la Reforma Judicial podría poner en riesgo el proceso de nearshoring, una estrategia clave para el crecimiento económico de México. La organización enfatiza que la incertidumbre jurídica generada por la reforma podría desaprovechar las oportunidades de atraer inversiones extranjeras directas, que actualmente representan solo el 3% de nuevas inversiones en el país. Además, destaca que la entrada en vigor de esta reforma podría comprometer la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que requiere un sistema judicial fuerte y autónomo para resolver disputas comerciales.
Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticia, ha advertido que la Reforma Judicial podría reducir el apetito por la inversión tanto nacional como extranjera, especialmente en sectores orientados a la exportación y bienes raíces industriales. La creación de empleo también podría verse afectada, ya que las empresas mexicanas enfrentarían un entorno operativo de menor crecimiento económico debido a una disminución en la actividad empresarial. Deloitte ha señalado que, aunque México ha atraído más de 100 proyectos de nearshoring con inversiones superiores a los 30 mil millones de dólares desde 2021, la incertidumbre creada por la Reforma Judicial podría amenazar estos avances y ralentizar futuros desarrollos en la industria de la construcción y otros sectores clave.
