Daniel Rodríguez se acercó a Sanborns Universidad en busca de un vapeador. Al llegar al mostrador, se encontró con solo tres unidades de un modelo específico; sin embargo, el dependiente se negó a venderle el dispositivo. La razón detrás de esta negativa era la escasez de vapeadores y sus insumos.
«Realmente no vale la pena que lo compres porque desde diciembre no tenemos inventario. No han llegado nuevos vapeadores ni líquidos, y es poco probable que lleguen en el futuro», explicó el vendedor. Reveló que desde diciembre del año pasado no han recibido ningún inventario de estos productos y que probablemente no recibirán más en el futuro.
La falta de mercancía en las tiendas de Carlos Slim no es un caso aislado; la escasez de productos alternativos al tabaco también se observa en comercios en línea y en redes sociales, a medida que el gobierno federal intensifica sus acciones para restringir el uso de estos dispositivos. Las restricciones a la importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos en México comenzaron con un decreto presidencial en febrero de 2020, debido a los daños a la salud asociados con su uso. Posteriormente, en 2022, se emitió un segundo decreto que hizo hincapié en la prohibición de los líquidos y mezclas utilizadas en estos dispositivos, basándose en informes de la Cofepris que detectaron químicos dañinos.
Aunque en diciembre de 2022, el Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa le concedió un amparo a Sanborns en contra del decreto presidencial que prohíbe la circulación y comercialización de dichos productos, tanto en los anaqueles como en la plataforma en línea de la cadena, los vapeadores y los líquidos asociados se muestran como agotados.
Este fenómeno se replica en otros comercios, donde también se han agotado sus existencias de dispositivos, aunque aún venden líquidos nacionales elaborados a partir de glicerina de grado alimenticio.
Una industria que se mueve entre decretos y amparos
Anteriormente, era común encontrar productos para vapear en diversos establecimientos, como hamburgueserías o barberías, donde bastaba con demostrar la mayoría de edad para adquirirlos. Sin embargo, estas opciones están disminuyendo, y aquellos que aún operan lo hacen de manera clandestina para evitar la detección por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
«Preferimos operar de esta manera para evitar el escrutinio de la Cofepris», dice un vendedor de líquidos para vapear. Las consecuencias legales, las sanciones por la venta de vapeadores en México pueden incluir multas económicas que van desde 1,000 hasta 4,000 veces el salario mínimo, según lo determine la Cofepris.
Cuauhtémoc Rivera, de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), ha señalado que las restricciones a la comercialización de estos productos han incentivado el contrabando y el mercado negro. Rivera sugiere que en lugar de prohibir, se debería establecer un reglamento que defina las mejores prácticas comerciales para estos productos.
Aunque los decretos han enfrentado resistencia y han sido objeto de amparos, el gobierno federal presentó una iniciativa de reforma constitucional en febrero de este año para elevar la prohibición de los vapeadores a nivel constitucional. Esta propuesta debe ser discutida y aprobada por el Congreso de la Unión y, si esto ocurre, su regulación e implementación quedarán en manos de la próxima administración federal.
Actualmente, parece probable que las medidas para restringir el uso de vapeadores continúen si Claudia Sheimbaum, candidata de Morena a la presidencia, gana las elecciones en junio próximo. Durante el inicio de su campaña, Sheimbaum reiteró su apoyo a las restricciones a estos dispositivos, en consonancia con su respaldo a las acciones del gobierno desde su cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México.
El IQOS de Philip Morris
Alejandro Luna Arena, socio a cargo del área de Salud y Regulación Sanitaria de la firma Santamarina y Steta, señala que los amparos obtenidos por los decretos anteriores perderán efecto ante la legislación propuesta, por lo que los afectados deberán buscar nuevos amparos con fundamentos similares.
En caso de que el Congreso apruebe la iniciativa, los amparos deberán tramitarse en un plazo de 60 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, en caso de existir un acto concreto de la autoridad, como la prohibición de importación contra un individuo.
“El fundamento por motivos de salud puede estar o no bien fundamentado por la autoridad, pero existe cierta restricción al comercio que eventualmente se deberá analizar”, comenta el socio de Santamarina y Steta. Mientras se espera la reforma constitucional, los usuarios están explorando otras opciones. Daniel descubrió en Sanborns el IQOS de Philip Morris, la empresa detrás de los cigarrillos Marlboro, que no está prohibido ya que es un dispositivo que calienta tabaco.
Fue el vendedor de Sanborns quien presentó el dispositivo a Daniel, quien inicialmente estaba interesado en comprar un vape. Hasta ahora, los productos de Philip Morris están regulados por la misma ley que regula otros productos de tabaco, como los cigarrillos tradicionales, lo que significa que no están prohibidos pero su uso está restringido en lugares libres de humo.
Este calentador de tabaco de la empresa estadounidense utiliza pequeñas cargas de tabaco que se insertan en la «plumilla», y una vez calentadas, se pueden fumar. Estos dispositivos no emiten humo, a diferencia de los cigarrillos tradicionales, que queman el tabaco.
La compañía tiene como objetivo que en 2025 el 50% de sus ingresos provengan de la venta de su sistema IQOS en lugar de los cigarrillos tradicionales. Las ventas de productos libres de humo representaron el 37% de los ingresos netos totales de la empresa en 2023.
«La gente no dejará de comprar cigarrillos electrónicos si ya lo tienen en mente. Estoy convencido de que son una opción más, aunque no necesariamente para dejar de fumar», comenta Daniel Rodríguez.
Con información de Expansión | Nota original