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En mi colaboración de marzo titulada «Un costo invisible: Las implicaciones económicas de la violencia en México«, abordé la necesidad imperiosa de discutir una reforma fiscal en nuestro país. A mi parecer, este es uno de los puntos cruciales que el nuevo gobierno debe considerar prioritariamente. Sin embargo, nos enfrentamos a un desafío significativo: los actores políticos que se identifican como de izquierda, en general, parecen rechazar la idea de una reforma fiscal, aunque simultáneamente desean aumentar el gasto público. Esto nos deja ante una interrogante crítica: ¿de dónde pretenden obtener los recursos necesarios?
Al igual que la administración actual, es probable que busquen recursos hasta en los rincones más inesperados. Para ellos, el término «reforma fiscal» suele implicar inevitablemente un aumento de impuestos, lo cual es percibido como un sacrilegio político. Esta perspectiva refuerza mi convicción de que existe una comprensión limitada sobre la economía. El verdadero debate no debería centrarse en la cantidad o el tamaño de los impuestos, sino en quiénes los pagan, es decir, en el tamaño de la base contributiva y en cómo podemos incrementarla. La pregunta clave es: ¿cuál es el incentivo para pagar impuestos hoy en día? Actualmente, parece no haber ninguno, especialmente considerando las recientes propuestas de la ya virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Durante su campaña, presentó una serie de propuestas en materia de pensiones e impuestos. Propuestas que de ninguna forma abordan los problemas de fondo y, en algunos casos, no está claro cómo se financiarán. En el ámbito de las pensiones, Sheinbaum y su equipo han propuesto ampliar el acceso a la Pensión Universal de Adultos Mayores para otorgar la mitad de este apoyo a mujeres de 60 a 64 años, lo que equivaldría a 3,000 pesos bimestrales. Actualmente, la pensión se otorga a partir de los 65 años. Sin embargo, esta propuesta tendría un costo anual de alrededor de 44,600 millones de pesos y contradice la tendencia mundial de aumentar la edad de jubilación, dada la creciente esperanza de vida.
Adicionalmente, han planteado el fortalecimiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, actualmente en proceso de constitución, para garantizar pensiones equivalentes al último salario de los trabajadores, con un tope de 16,777.68 pesos mensuales, situación que desmiente lo expresado por el actual presidente que pregona que todos se jubilarán con su ultimo sueldo. La Secretaría de Hacienda ha estimado que este fondo costará 130,000 millones de pesos en su primera década. No obstante, no se ha especificado de dónde provendrán estos recursos. Por último, se han propuesto revisar las comisiones de las Afores y facilitar los traspasos entre ellas. Aunque esta medida puede mejorar la eficiencia del sistema de pensiones, no aborda directamente la necesidad de incrementar la base contributiva.
En cuanto a los impuestos, Sheinbaum ha descartado una reforma fiscal en los primeros años de su gobierno, a pesar de la urgencia derivada de la disminución de los ingresos presupuestarios. En lugar de ello, ha propuesto tecnificar las aduanas para incrementar la recaudación, mediante la simplificación y digitalización de trámites, el uso de tecnología para Revisión No Intrusiva (RNI), y la mejora de la interoperabilidad entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas.
También propone una política de orientación social del gasto, manteniendo las políticas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad, y una reducción significativa de la deuda pública, que actualmente representa el 3.7% del PIB, con el objetivo de reducirla al 2.5% para 2029. Además, se compromete a aumentar el salario mínimo, con un incremento nominal anual del 11%, continuando la tendencia de la administración actual y por supuesto, sin ningíun beneficio real para las empresas.
En resumen, las propuestas de Claudia Sheinbaum reflejan una intención de mantener y ampliar el gasto social sin una reforma fiscal significativa. Esto plantea una serie de desafíos económicos que requieren una discusión profunda y abierta. El aumento del gasto sin una base fiscal sólida podría llevar a un déficit fiscal insostenible. Por tanto, es fundamental que el nuevo gobierno considere una reforma fiscal que no solo incremente los ingresos, sino que también amplíe la base contributiva y establezca incentivos claros para el cumplimiento fiscal.
Es imperativo que abordemos estas cuestiones con seriedad y pragmatismo. Solo así podrían sostenerse las políticas sociales necesarias para el bienestar de todos los mexicanos y englobo a TODOS, por que no se puede ni se debe gobernar para unos cuantos.