La implementación de la llamada austeridad republicana por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un debate en México, especialmente en cuanto a su aplicación selectiva y el impacto en áreas críticas como la salud. Aunque se promueve la narrativa de reducir gastos y optimizar recursos, la realidad muestra una práctica de subejercicios presupuestarios, es decir, se ha gastado menos de lo aprobado en rubros fundamentales para el bienestar de la población.
Especialistas, como Jorge Cano de México Evalúa, critican que esta austeridad no se ha aplicado uniformemente, afectando principalmente a sectores que son esenciales para garantizar los derechos de los ciudadanos. En 2023, por ejemplo, el sector salud experimentó un recorte significativo en su presupuesto, asignándose 800,347 millones de pesos, un 6.9% menos de los 868,162 millones de pesos originalmente aprobados. Este ajuste impactó negativamente en instituciones que ofrecen servicios de salud a personas sin seguridad social.
Esta tendencia hacia la austeridad selectiva no es un fenómeno aislado, sino que ha sido una constante durante el gobierno de López Obrador. Aunque en 2020 y 2021 el gasto en salud superó lo aprobado debido a la pandemia de Covid-19, en otros años se ha observado un subejercicio en este rubro.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que existe una notable desigualdad en cómo se aplica la austeridad en las distintas dependencias gubernamentales, privilegiando a algunas con aumentos considerables en su presupuesto, como la Secretaría de Energía y la Secretaría del Bienestar, mientras que otras, como Gobernación y Turismo, enfrentan recortes significativos.
Este enfoque selectivo en la aplicación de la austeridad no solo ha generado preocupaciones sobre el impacto en servicios esenciales como la salud, sino que también plantea desafíos para la próxima administración, que deberá abordar tanto la escasez de recursos públicos como la debilidad institucional resultante de estas políticas de austeridad.
La situación subraya la necesidad de un enfoque más equilibrado y reflexivo en la gestión del gasto público, que garantice la protección de los servicios críticos para la población y promueva una distribución más justa y eficiente de los recursos disponibles.
Con información de El Economista | Nota original
