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Sheinbaum rechaza acusaciones de desaparición forzada por parte del Estado

La presidenta Claudia Sheinbaum niega la existencia de desapariciones forzadas desde el Gobierno mexicano, tras señalamientos de la ONU. El país responde con una nota diplomática.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado firmemente en contra de los señalamientos emitidos por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual ha calificado las desapariciones forzadas en el país como una práctica “sistemática y generalizada”. En respuesta, la mandataria negó categóricamente que este tipo de crímenes provengan desde el Estado.

A pesar de que organismos internacionales y colectivos han documentado más de 127 mil personas desaparecidas en México, así como la existencia de más de 5,600 fosas clandestinas y al menos 72,000 cuerpos sin identificar, Sheinbaum desestimó las acusaciones y defendió las acciones de su administración. Subrayó que su gobierno no encubre ni participa en actos de esta naturaleza.

La respuesta del Ejecutivo federal no se quedó en declaraciones públicas. México emitió una nota diplomática dirigida a la ONU, expresando su desacuerdo con el informe del comité y cuestionando su metodología y conocimiento sobre la realidad nacional. El documento oficial busca dejar en claro la postura del país y rechazar lo que consideran una interpretación errónea.

Durante una conferencia, la presidenta destacó que las observaciones del comité carecen de fundamento sólido y que no reflejan los esfuerzos que su gobierno ha realizado para enfrentar la crisis de personas desaparecidas. Afirmó que se están implementando mecanismos más eficientes para la búsqueda de personas y la identificación de restos.

Asimismo, Sheinbaum hizo un llamado a los organismos internacionales a colaborar de forma objetiva y constructiva, en lugar de emitir juicios que, según dijo, generan desinformación y tensiones innecesarias. Reiteró su compromiso con los derechos humanos y la justicia para las familias afectadas.

A pesar del rechazo oficial, organismos defensores de derechos humanos han señalado que la reacción del gobierno mexicano podría cerrar espacios de diálogo internacional y dificultar el monitoreo independiente. No obstante, la administración de Sheinbaum insiste en que su actuar es transparente y que las cifras, aunque graves, no justifican acusaciones tan severas.

Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en El País. Para leer la nota original, visita: elpais.com

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