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Como era de esperarse, la reforma al Poder Judicial de la Federación fue aprobada en lo general y en lo particular. Este hecho deja en evidencia dos grandes problemas: por un lado, el nivel de abyección y servilismo de los legisladores hacia el actual titular del ejecutivo, y por otro, la ignorancia imperante en el país sobre el impacto de este tipo de decisiones, especialmente en el ámbito económico.
Para empezar, el contexto en el cual se da esta votación refleja una preocupante falta de análisis profundo sobre las implicaciones de la reforma en áreas clave, como lo es la economía. A primera vista, parece un tema legal y político, pero el efecto más peligroso podría manifestarse en la desaparición del Estado de derecho real, con el cual se va la certeza jurídica, un elemento clave en la decisión de los inversionistas para entrar al mercado mexicano. La incertidumbre jurídica es veneno para la inversión, lo que lleva a menos empleos, menos producción de bienes y servicios y, en última instancia, a un crecimiento económico aún más limitado.
Y aunque esto parece obvio para cualquier persona mínimamente informada, es un punto completamente ignorado por las huestes de Morena y, por supuesto, por el actual morador de palacio. Lo importante para ellos parece ser quedar bien con quien mucho prometió y poco cumplió. ¿Por qué? Esa es una pregunta que ni ellos mismos parecen entender. El impacto económico de esta reforma, como tantas otras decisiones mal calculadas, terminará afectando directamente el bolsillo de millones de mexicanos.
El desinterés generalizado entre la ciudadanía ante este tipo de reformas es una de las causas más preocupantes. Muchos aún insisten en que no se meten en «política» o «economía» porque «no entienden», pero lo cierto es que son expertos en estirar la mano para recibir dádivas gubernamentales. Lo que estos ciudadanos ignoran es que el dinero no es infinito, y las dádivas que hoy disfrutan no pueden mantenerse en el largo plazo sin un sistema económico que las respalde. Nada es gratis, y todo tiene un costo. En este caso, el costo es un deterioro en las condiciones que permiten que la economía siga funcionando.
Este panorama puede parecer fatalista, pero es una realidad que ya estamos enfrentando. Las malas decisiones y la falta de certidumbre son los ingredientes perfectos para la crisis. ¿Qué sucederá si, como resultado de esta reforma judicial, se rompe el T-MEC? En 2026, el tratado será revisado, y cuando recordamos que en 2023 exportamos 476,000 millones de dólares a Estados Unidos y 18,010 millones de dólares a Canadá, está claro que cualquier perturbación en esta relación comercial puede tener consecuencias devastadoras para México.
El nearshoring es una oportunidad real para nuestor país, pero solo si mantenemos un ambiente de negocios favorable. Con la reforma judicial aprobada y la incertidumbre creciente, estamos enviando el mensaje opuesto. Además, el gobierno actual dejará un déficit fiscal enorme, lo que sumado a la incertidumbre jurídica podría generar un incremento en los costos de financiamiento y la salida de inversiones clave. Hoy en día, ya pagamos aproximadamente 100,000 millones de pesos mensuales en intereses de la deuda pública, pero si la confianza en el país se deteriora aún más, esta cifra podría aumentar considerablemente.
Cuando llegue ese momento, aquellos que dijeron que «no se meten» porque «no entienden» verán claramente lo que ha sucedido. Comprenderán por qué ya no reciben las mismas ayudas y por qué era crucial haberse involucrado antes. El costo de la indiferencia será alto, y quienes ciegamente confiaron en un gobierno que prometió mucho y entregó poco, pagarán un precio aún mayor.
Así, así el segundo acto de los tiempos estelares de la 4T: promesas vacías, un país más débil, y un futuro lleno de incertidumbre.