La administración de Donald Trump intensificó su ofensiva contra las llamadas “ciudades santuario” al publicar una lista de más de 500 jurisdicciones en Estados Unidos que, según la Casa Blanca, interfieren con las políticas migratorias federales. Estas ciudades, condados y estados se caracterizan por limitar la cooperación de las autoridades locales con los agentes federales de inmigración, especialmente cuando se trata de migrantes sin documentos.
Este nuevo paso forma parte de una estrategia más amplia del presidente Trump, quien ganó las elecciones de noviembre en gran parte gracias a su promesa de “recuperar el control” de la frontera y combatir lo que él ha llamado una “invasión” migrante. Su objetivo ahora es acelerar la deportación de todas las personas que hayan ingresado al país sin visa.
Las “ciudades santuario” han sido durante años un punto de tensión entre gobiernos locales y el poder federal. En muchas de ellas, las autoridades se niegan a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre migrantes detenidos que podrían enfrentar deportación, especialmente si no representan una amenaza para la comunidad. Estas políticas buscan proteger los derechos humanos y evitar que los migrantes teman acudir a servicios básicos como salud o educación.
Sin embargo, para los republicanos, estas prácticas representan un obstáculo a la aplicación de la ley federal. Legisladores afines al presidente han propuesto medidas más severas contra estas jurisdicciones, incluyendo recortes presupuestales y sanciones legales para presionar un cambio de postura.
La publicación de la lista por parte de la Casa Blanca tiene como fin exponer públicamente a los gobiernos locales que se oponen a colaborar con ICE, y fortalecer la narrativa de que estas entidades ponen en riesgo la seguridad nacional. El tema, que polariza a la sociedad estadounidense, ha generado reacciones tanto de apoyo como de rechazo.
Defensores de derechos humanos han advertido que las acciones del gobierno podrían agravar la situación de miles de familias migrantes y generar una cacería de brujas. Organizaciones civiles han reiterado que las políticas migratorias deben respetar el debido proceso y no criminalizar a comunidades enteras.
Con esta nueva ofensiva, Trump refuerza su agenda migratoria en busca de consolidar su base electoral, mientras crece la presión sobre estados y ciudades que han optado por proteger a quienes se encuentran en situación irregular, bajo el argumento de que la inclusión y el respeto a los derechos humanos deben prevalecer sobre la política del miedo.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en Entrepeneur Para leer la nota original, visita: Gobierno de Trump publica la lista de ciudades que obstruyen su política migratoria
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