Bajo el segundo mandato de Donald Trump, la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos —una unidad clave para combatir la corrupción política— ha sido prácticamente desmantelada. Esta oficina, creada en respuesta al escándalo Watergate, ha perdido gran parte de su poder y personal, lo que ha encendido las alertas entre expertos y exfuncionarios sobre el futuro del Estado de derecho en el país.
A inicios de mayo, el Departamento de Justicia suspendió un requisito fundamental: que los fiscales federales deban consultar y obtener aprobación de la Sección antes de presentar cargos contra miembros del Congreso. Esta medida, que evitaba el uso político del sistema de justicia, fue eliminada sin anuncio público. Al mismo tiempo, la plantilla de la unidad pasó de más de 30 abogados a solo cinco, con previsiones de que se reduzca aún más.
El vocero del Departamento justificó los cambios argumentando que los fiscales locales están mejor posicionados para manejar estos casos, ya que “conocen mejor a sus comunidades”. Sin embargo, analistas ven estos ajustes como un movimiento para concentrar poder en manos de designados políticos, debilitando los mecanismos de control que garantizaban investigaciones imparciales.
La desaparición progresiva de esta unidad se da en el contexto de un liderazgo del Departamento dominado por excolaboradores cercanos a Trump, como la procuradora Pam Bondi y el activista Ed Martin. Desde enero, la administración ha archivado casos de corrupción internacional, cerrado investigaciones sobre criptomonedas y desintegrado el grupo que examinaba la injerencia extranjera en elecciones.
Además, la nueva política de indultos ha beneficiado a múltiples aliados de Trump condenados por corrupción pública. Casos emblemáticos incluyen el del exsenador republicano Brian Kelsey y una concejal de Las Vegas condenada por malversación de fondos. El presidente ha argumentado que estos perdones son una forma de corregir abusos del «Departamento de Justicia politizado» bajo Biden.
La crítica crece no solo por la politización del aparato judicial, sino también por la eliminación de mecanismos internos de supervisión, como el despido de inspectores generales y la creación de un nuevo «Grupo de Trabajo sobre Militarización», cuyo propósito es revisar las investigaciones que afectaron a Trump y sus aliados. A su vez, Ed Martin ha sido designado como encargado de revisar las solicitudes de indulto, un puesto que tradicionalmente ha sido técnico y no político.
Uno de los casos más representativos de este nuevo enfoque es el de la congresista LaMonica McIver, acusada tras un altercado menor en una visita a un centro de detención. Su defensa asegura que se trata de un proceso políticamente motivado, algo que antes habría sido detenido por la Sección de Integridad Pública.
Para los críticos, este reordenamiento no solo pone en peligro la imparcialidad del sistema judicial, sino que representa un ataque frontal a las instituciones democráticas de EE.UU. “El Estado de derecho está en peligro”, advirtió Stuart Gerson, exfuncionario del Departamento de Justicia. “La verdadera militarización del gobierno está comenzando ahora”.
La Sección de Integridad Pública, alguna vez símbolo de la rendición de cuentas en el poder, se encuentra hoy vacía, sin voz ni función. Lo que comenzó como una unidad emblemática tras el Watergate, se enfrenta ahora a un destino incierto bajo una administración que parece dispuesta a reescribir las reglas del juego político y judicial.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en Entrepeneur Para leer la nota original, visita: Cómo Trump descolmilló a los guardianes de la corrupción política del Departamento de Justicia
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