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La semana pasada advertí sobre el escenario nefasto que traería consigo la posible aprobación de la reforma al poder judicial. Hoy, lamentablemente, esa posibilidad se ha convertido en realidad. No solo fue aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde presenciamos una traición política digna de cualquier culebrón mexicano, sino que ya el 50% de los congresos locales ha dado su aval. Con esto, nos dirigimos a un período de retroceso en la impartición de justicia.
La consecuencia inmediata de este despropósito será un debilitamiento brutal del próximo gobierno, que iniciará su gestión con una economía inestable, una sociedad dividida y lo más grave, una completa falta de credibilidad y confianza en las instituciones públicas. Lo he dicho antes y lo repito ahora: la reforma al poder judicial, tal como fue aprobada, solo puede generar incertidumbre en los mercados financieros y ahuyentar a los inversionistas, además de reflejar los berrinches de cierta persona.
Lo peor del caso es que muchos no entienden la gravedad de la situación. Para ellos, esto es un tema de justicia social, una cruzada contra los ricos que supuestamente se han aprovechado del sistema. Pero lo que no entienden, lo que parecen no ver, es que si no creas un entorno favorable para que esas personas inviertan, creen empleos y produzcan bienes y servicios, los que más sufrirán serán los más pobres. Y aunque las ayudas del gobierno lleguen a sus bolsillos, hay que recordar que todo ese dinero tiene su origen en los impuestos pagados por aquellos que generan riqueza, desde los que ganan un salario mínimo hasta los que perciben millones.
Si no hay inversión, si no hay certeza jurídica para realizar negocios, no habrá dinero suficiente para repartir. No se trata de justicia social, de clases o de ideología política. Se trata de economía, y es en este ámbito donde el gobierno ha cometido el mayor error: convertir un tema técnico en una bandera política, aprovechándose de la ignorancia generalizada.
Lo digo con todas sus letras: hay mucha ignorancia, muchas personas no entienden la diferencia entre el poder judicial federal y los sistemas de justicia locales. Creen que reformar la Suprema Corte mejorará la seguridad en el país, cuando son las policías locales y los ministerios públicos los que verdaderamente necesitan una reforma. Pero de esos, curiosamente, nadie habla.
Claudia Sheinbaum heredará un país devastado en términos de confianza empresarial, sin capital político, y con una economía tambaleante. Además, tendrá que lidiar con los desastres financieros causados por los cinco megaproyectos inservibles de López Obrador, que en conjunto han costado más de 500,000 millones de pesos.
- Una «megafarmacia» que costó 219 millones de pesos y, en su primer reporte, surtió solo 67 medicamentos.
- Un aeropuerto de 84,000 millones que ha transportado a 3.5 millones de pasajeros.
- El Tren Maya, que costó 320,000 millones y ha transportado apenas a 26,000 pasajeros.
- Una aerolínea estatal de 4,000 millones que ha vendido 15,000 boletos, y realiza vuelos con un solo pasajero.
- Y la joya de la corona, una refinería que, a un costo de más de 150,000 millones de pesos, no refina ni aire.
No envidio en lo absoluto el futuro que te espera, Claudia. Sin embargo, desde ya te exijo resultados. Si has decidido legitimarte a través de los votos que Andrés te heredó, entonces también has asumido la responsabilidad de cumplir no solo con esas 36 millones de personas, sino con los otros 100 millones que habitamos en este país.
Lo tienes claro, ¿verdad? De lo contrario, si el primer acto de esta llamada Cuarta Transformación ya es un fracaso, recuerda que las segundas partes nunca fueron mejores.