El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que el próximo 1 de mayo se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, junto con la establecimiento de sus reglas de operación. A partir de entonces, el fondo estará oficialmente constituido y comenzarán a correr los plazos legales para que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) transfieran los 40,000 millones de pesos provenientes de ahorros no reclamados de personas de 70 años o más en cuentas inactivas, en un plazo de 60 días.
Asimismo, el presidente prometió que para el 1 de julio los trabajadores que se jubilen bajo el régimen de las Afores empezarán a recibir los primeros complementos a sus pensiones con los recursos del Fondo, con el objetivo de igualarlas a sus últimos salarios.
La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar implica la formación de un fideicomiso público que proporcionará los recursos necesarios a los institutos de seguridad social (IMSS, Infonavit e ISSSTE) para complementar las pensiones de los trabajadores, siempre y cuando no excedan los 16,777.78 pesos al mes.
Para ser elegibles para recibir el complemento, los trabajadores deben retirarse a los 65 años, haber cotizado en el sistema Afore desde julio de 1997 en el caso del IMSS y desde abril de 2007 en el caso del ISSSTE, y que su pensión no supere el límite mencionado anteriormente.
Inicialmente, la principal fuente de financiamiento del Fondo de Pensiones será el total de más de 40,000 millones de pesos de ahorros no reclamados y en cuentas Afores inactivas de personas mayores de 70 años. Además, se proponen otras fuentes de financiamiento, como el 75% de los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el 25% de las utilidades de entidades paraestatales como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otros.
Sin embargo, los cambios realizados en el dictamen para la creación del Fondo de Pensiones en el Senado han generado críticas por parte de los legisladores de oposición, quienes han amenazado con impugnar la creación del Fondo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que tales alteraciones constituyen un delito. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que los cambios se ajustan al reglamento de la cámara alta y no modifican el propósito original de la reforma.
Con información de El Economista | Nota original
