El contrabando de combustibles en México, particularmente de diésel, representa una pérdida fiscal mensual de al menos 3 mil millones de pesos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según estimaciones oficiales y datos de Andrés Gutiérrez Torres, director general del laboratorio de calidad de petrolíferos CIEFSA. Esta actividad ilegal, conocida como «huachicol fiscal», consiste en la importación de combustibles sin el pago de impuestos correspondientes y su distribución a empresas y puntos clandestinos.
De acuerdo con Gutiérrez Torres, los contrabandistas utilizan maniobras en aduanas al declarar los combustibles bajo fracciones arancelarias distintas al diésel o gasolina, evitando así el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros tributos. Esta práctica ha permitido que grandes volúmenes de diésel ingresen al país sin control fiscal, afectando gravemente la recaudación.
Aunque las estaciones de servicio cuentan con estrictos controles volumétricos y sistemas de facturación que dificultan la venta de combustibles ilegales, las empresas con flotillas de vehículos o maquinaria pesada encuentran formas de abastecerse directamente. Al instalar tanques y dispensadores privados en sus instalaciones, muchas evitan los costos de los combustibles regulados, pese a no cumplir con las normativas de seguridad ni contar con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El especialista señaló que el precio más bajo de estos combustibles ilegales —entre seis y siete pesos menos por litro— resulta atractivo para las empresas, que prefieren asumir el riesgo de operar fuera de la ley antes que pagar impuestos como el IVA. Se estima que existen alrededor de 20 mil puntos de autoconsumo en el país, cifra que supera las 13 mil 786 gasolineras registradas oficialmente. Sin embargo, la CRE ha otorgado apenas 350 permisos formales para estas instalaciones, lo que revela la magnitud del mercado clandestino.
El impacto económico de esta práctica no es menor. Según datos de la Secretaría de Energía (Sener), en 2021 el mercado ilegal de combustibles ascendió a 47 millones de barriles, provocando una pérdida fiscal de 64 mil millones de pesos. Estas cifras evidencian el profundo boquete que el contrabando genera en las finanzas públicas.
El problema radica en la limitada capacidad de las aduanas para inspeccionar las mercancías que ingresan al país. Aunque se han implementado medidas para frenar la entrada ilegal de combustibles, la supervisión sigue siendo insuficiente. En muchos casos, los líquidos sospechosos se envían a laboratorios en la Ciudad de México para su análisis, y cuando se confirma que se trata de combustible no declarado, los importadores solo deben pagar los impuestos omitidos, sin enfrentar sanciones más severas.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir esta problemática, como el decreto de octubre de 2023 que restringe la importación de ciertos aceites minerales, el contrabando persiste debido a los vacíos en la regulación y la falta de controles efectivos en las aduanas. Esta situación no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también pone en riesgo la seguridad y el mercado formal de combustibles en México.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en [La Jornada]. Para leer la nota original, visita: [La Jornada – Empresas evaden $3 mil millones al mes por contrabando de combustible].
El contenido ha sido parafraseado con el propósito de informar. Todos los derechos del texto original pertenecen a [LA JORNADA] y a su autor (ALEJANDRO ALEGRIA)
