Organizaciones internacionales y defensoras de derechos laborales han señalado a gigantes mineros como BHP y Rio Tinto por supuestamente presionar a mujeres para firmar acuerdos de confidencialidad en denuncias de acoso sexual. Estos acuerdos, según los reportes, limitan la capacidad de las víctimas para hablar públicamente sobre sus experiencias, lo que obstaculiza la transparencia y la justicia en casos de violencia laboral.
Según investigaciones recientes, estas prácticas han sido implementadas en varias operaciones globales, lo que ha generado preocupaciones sobre el uso de tales medidas para proteger la reputación de las empresas a expensas del bienestar de las trabajadoras. Activistas han catalogado estas tácticas como un «silencio forzado», lo cual podría contravenir normativas laborales internacionales.
Organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) están instando a los gobiernos a ratificar convenios que prioricen la erradicación del acoso laboral y la promoción de entornos seguros para las mujeres en el trabajo. El Convenio 190, en particular, establece principios para prevenir y abordar estas conductas, incentivando políticas claras dentro de las compañías.
Además, se ha exigido a las mineras mayor compromiso con protocolos que aseguren a las víctimas acceso a apoyo psicológico, legal y a procesos imparciales para resolver las denuncias. Por su parte, voceros de algunas empresas han defendido los acuerdos, argumentando que protegen la privacidad de las partes involucradas.
Este debate ha reavivado las demandas de una mayor regulación internacional para evitar prácticas que perpetúen la violencia laboral, promoviendo en cambio una cultura empresarial basada en la equidad y la responsabilidad.
