El crecimiento en el número de viviendas embargadas en China, que se elevó en un 43% anual en 2023, refleja la presión creciente sobre los propietarios de viviendas y el mercado inmobiliario en un contexto económico desafiante. La historia de Lei Xiaoyu ilustra la difícil situación que enfrentan muchos ciudadanos chinos que, tras perder su empleo y enfrentar dificultades económicas, luchan por mantener sus hogares ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones hipotecarias.
Este aumento de las morosidades hipotecarias y de las ejecuciones podría tener repercusiones significativas para la economía china, afectando negativamente tanto a los precios de la vivienda como a la confianza del consumidor. Estos factores, a su vez, podrían complicar los esfuerzos del país por impulsar la demanda doméstica y estabilizar la economía sobre bases más sólidas.
La crisis del sector inmobiliario, unida a la creciente deuda de los gobiernos locales y el temor a la deflación, contribuyen a un entorno económico incierto que frena el crecimiento económico de China. En este contexto, el número de unidades embargadas que se han subastado refleja un retraso en el ciclo de ejecuciones hipotecarias, sugiriendo que el número de subastas podría aumentar en el futuro, lo que añadiría presión sobre los precios de las viviendas tanto nuevas como de segunda mano.
Esta situación, además de limitar la capacidad de gasto de los afectados como Lei, quien ha tenido que reducir drásticamente sus gastos personales, podría tener un efecto negativo en el consumo general y la inversión en el sector inmobiliario. La posibilidad de un incremento en el número de subastas de viviendas embargadas, y el potencial fracaso de estas debido a la falta de compradores, podría agravar aún más la situación, ejerciendo una presión adicional sobre un sector ya afectado por la incertidumbre.
A pesar de que la proporción de préstamos hipotecarios morosos en el sector bancario chino se mantiene relativamente baja, la tendencia actual sugiere que el sector inmobiliario y los propietarios de viviendas podrían enfrentarse a más desafíos en el futuro cercano, lo que requerirá una atención continua por parte de los responsables de políticas y una posible intervención para mitigar el impacto en la economía más amplia.
Con información de El Economista | Nota original
