La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha experimentado un cambio significativo en su enfoque hacia las compañías privadas. De ser una empresa que históricamente se había cerrado a la inversión privada y se oponía a los gasoductos licitados durante el gobierno anterior, llegando incluso a renegociar los contratos, en los últimos años ha establecido una serie de acuerdos con empresas para expandir la infraestructura destinada a la importación de gas desde Estados Unidos, principalmente hacia el sur del país.
Aunque la administración presidencial ha enfatizado la autosuficiencia en términos de combustibles, esta estrategia no ha incluido al gas, y la infraestructura para su importación se ha expandido notablemente.
Algunas de las empresas que estuvieron involucradas en la renegociación de los gasoductos durante el primer año del actual gobierno ahora son importantes socios de la CFE. Entre ellas se encuentran Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, quien tiene una estrecha relación con el presidente, y la empresa canadiense TC Energía (anteriormente conocida como TransCanada).
TC Energía ha logrado un acuerdo particularmente ambicioso con la CFE: la continuación del gasoducto marino Texas-Tuxpan, también conocido como Puerta al Sureste. Este proyecto tiene como objetivo llevar el gas importado desde Brownsville, Texas, hacia Coatzacoalcos, Veracruz, y Paraíso, Tabasco, una región de especial interés para el gobierno.
Aunque este proyecto ha enfrentado críticas ambientales, se espera que entre en funcionamiento el próximo año.
Jennifer Pierce, líder de TC Energía en el país, mencionó en una entrevista el año pasado que la ubicación geográfica del proyecto fue clave para llegar a un acuerdo con la CFE. El gasoducto se dirige hacia el sur del país, una región que ha sido priorizada en el discurso político.
Este acuerdo marcó un retorno a la cooperación entre la empresa estatal y las privadas.
Posteriormente, en diciembre pasado, la CFE anunció un acuerdo con Gasoducto Centauro del Norte, una subsidiaria de Grupo Carso, para desarrollar y construir un gasoducto en el norte del país. Este proyecto suministrará gas a Baja California y Sonora, incluidas dos centrales actualmente en construcción.
Las compañías no revelaron la inversión requerida, pero la CFE tendrá una participación accionaria en el proyecto, una condición común en todos los últimos acuerdos.
Sempra también se ha unido a este grupo de compañías que han reanudado relaciones con la CFE. En julio de 2022, anunciaron la firma de al menos tres acuerdos, incluyendo la ampliación del gasoducto Guaymas el Oro, un proyecto de licuefacción en Topolobampo, Sinaloa, y el desarrollo de una terminal de gas natural licuado en Salina Cruz, Oaxaca.
Y en marzo pasado, la multinacional Engie anunció un convenio para la ampliación del gasoducto Mayakan, que llevará gas a la Península de Yucatán. Esta expansión estará conectada al proyecto Puerta al Sureste, en Cactus, Chiapas.
Todos estos proyectos se han enfocado en el sur del país y la CFE ha tomado una participación accionaria en ellos en lugar de simplemente concesionar la infraestructura, como solía hacer. Sin embargo, ninguno estará completo antes del final del actual gobierno.
Con información de Expansión | Nota original
