Publicado originalmente en:
En términos generales, ¿cuál es la principal razón de ser del gobierno? Establecer las normas mínimas que deben seguir personas y empresas para tener una correcta y armoniosa convivencia. Algo que puede sonar muy romántico y poco práctico, sobre todo si recordamos que, hoy en día, el gobierno —y no me refiero exclusivamente al mexicano— hace mucho más que eso. En la actualidad, los gobiernos pueden clasificarse de acuerdo con la ideología que profesan quienes los conforman. De tal suerte que tenemos monarquías, monarquías parlamentarias, sistemas presidenciales absolutos y parlamentarios, repúblicas, entre otros tantos. Pero algo que tienen en común es que, dentro de esa compleja estructura que han formado, el tema económico ocupa un papel sumamente importante.
Tanto es así que, dependiendo de la injerencia o ausencia del gobierno en el proceso económico, podemos tener economías de libre mercado o economías con total o parcial control estatal. Así, podemos definir modelos como la socialdemocracia, el socialismo, el comunismo o el estado paternalista. Esto pone a discusión, lejos de cuál debería ser la principal razón de actuar del gobierno, hasta qué punto deben —o no— intervenir en el proceso económico.
Cuando el Estado decide intervenir de forma directa en el proceso económico, entonces se convierte en una figura que determina qué, cómo, cuándo, cuánto, por qué y para quién producir. Esto limita las libertades económicas de los agentes del mercado (consumidores y productores), pero, según quienes defienden el estatismo, asegura que lo producido sea lo consumido y se eviten abusos en el intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, al limitarse estas libertades, se pierde competitividad y atractivo para la inversión, siendo esta última el punto clave para iniciar cualquier proceso económico. Por supuesto, el otro extremo también puede poner en jaque al sistema: pasar del estatismo total al completo liberalismo económico, donde el mercado lo decide todo, puede generar abusos tanto para productores como para consumidores.
Dado lo anterior, queda claro que se necesita un punto medio en la economía. Esto implica que, por un lado, el Estado debe ser un actor que regule el entorno económico y garantice el cumplimiento de la ley (estado de derecho), buscando siempre respetar las libertades y derechos de los diferentes actores. Por otro lado, el mercado, es decir, la interacción entre consumidores y productores, debe decidir qué, cómo, cuándo, cuánto, por qué y para quién producir. Este equilibrio permite que el capital se beneficie mediante la creación de negocios y que los consumidores tengan precios acordes a sus necesidades, accesibles con los ingresos obtenidos por su trabajo.
De esta forma, queda claro que ni el mercado debe regular lo que corresponde al gobierno, ni el gobierno debe involucrarse en lo que compete al mercado. Cualquier acción que rompa este principio genera distorsiones que, más temprano que tarde, perjudicarán los derechos, libertades y necesidades de los diferentes agentes económicos.
El ejemplo más claro lo encontramos en ciertas decisiones arbitrarias de la administración del hoy morador de Palenque y de la nueva moradora de Palacio. En el caso de Andrés, se han mencionado aquí iniciativas como Gas Bienestar, los precios de referencia, la aerolínea Mexicana de Aviación y la concesión de aduanas y aeropuertos a las fuerzas armadas. Pero en el caso de la pseudo emperatriz, lo que intenta hacer con el INFONAVIT merece atención.
El dictamen aprobado por comisiones busca permitir al INFONAVIT construir vivienda social y administrarla en renta mediante una filial. Esto presenta dos problemas fundamentales: primero, genera competencia desleal en el sector inmobiliario, pues las empresas no tienen el poder económico ni legal para competir con el gobierno. Segundo, la creación de una filial —en buen cristiano, una empresa estatal— revive los errores de antaño: altos costos y una ineficiencia operativa ya probada. Como si no bastaran las pérdidas de PEMEX, CFE, Gas Bienestar o Mexicana, ahora también habrá que sostener una constructora y, aparentemente, una arrendadora.
¿Qué le hace pensar al gobierno que esta es una buena idea? ¿Justicia social? Si es el caso, mucho me temo que es un gran error. Aunque intentan mantener “medidas de seguridad” a través de los órganos de gobierno y auditoría del INFONAVIT, en el ámbito económico esta herramienta puede causar prácticas monopólicas en un mercado ya de por sí complejo. Y, pensándolo mal, puede ser otra forma de clientelismo electoral: “…ya no solo te daremos dinero mediante programas sociales, ahora también tendrás casa, siempre y cuando votes por ya sabes quién…”
Alguien dirá que es una fantasía, pero los hechos hablan por sí solos. A voces, se sabe que muchos programas sociales fueron condicionados al voto a favor de quien hoy ocupa el departamento de Palacio.
No es prerrogativa del gobierno construir, vender y alquilar viviendas. Es un grave error hacerlo. No hay justicia social en las distorsiones de mercado, mucho menos cuando estas son resultado de acciones deliberadas. Para mejorar la calidad de vida, el gobierno debe establecer el entorno adecuado para el crecimiento y desarrollo económico, sin menoscabar derechos, libertades y necesidades de personas y empresas. Eso es desarrollo económico; lo demás, clientelismo electoral.
Así, así el segundo piso, de la transformación de cuarta.
