El descubrimiento de un campo de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el occidente del país ha vuelto a poner en evidencia la violencia extrema del crimen organizado y la falta de respuestas contundentes por parte del gobierno. El hallazgo no solo refleja la brutalidad de estos grupos, sino también la inacción y posible colusión de las autoridades, lo que ha despertado un fuerte debate sobre la necesidad de desvincular el poder político del crimen organizado.
El CJNG ha desafiado al Estado en múltiples ocasiones sin que las autoridades hayan logrado frenar su crecimiento. Desde el secuestro y asesinato de militares hasta el derribo de un helicóptero Cougar del Ejército, este grupo criminal ha ejecutado acciones de alto impacto sin que su líder, Nemesio Oseguera, haya sido capturado. Incluso, en un atentado ocurrido hace cinco años, casi logra asesinar al actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
A pesar de la creciente presión tanto interna como externa, la respuesta gubernamental no ha sido contundente. Mientras se anunciaba una supuesta reducción del 15 % en homicidios, el país se estremecía con la noticia del rancho Izaguirre, un centro de exterminio operado por el CJNG. La incongruencia entre los discursos oficiales y la realidad en las calles ha generado críticas sobre la forma en que se manejan los datos de criminalidad en el país.
El caso del rancho Izaguirre no es un hecho aislado. Desde hace años se han documentado otros centros de exterminio en distintas partes del país, como La Gallera en Tijuana, donde ‘El Pozolero’ disolvió en ácido a cientos de víctimas, o San Fernando, Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes en 2010. Estos lugares reflejan la evolución del crimen organizado, que ha pasado del entierro clandestino a la desaparición masiva de cuerpos.
La inacción de las autoridades en Jalisco es particularmente preocupante. Se sabía desde hace años sobre las actividades del crimen organizado en la zona, pero no fue hasta que un colectivo de búsqueda de desaparecidos, “Guerreros de Jalisco”, hizo la denuncia pública que las autoridades comenzaron a actuar. Este patrón de omisión y respuesta tardía ha sido recurrente en diferentes estados, permitiendo que los cárteles operen con impunidad.
El vínculo entre crimen y política es una preocupación tanto a nivel nacional como internacional. El gobierno de Estados Unidos ha señalado la existencia de alianzas entre ciertos sectores políticos y el crimen organizado, lo que ha generado rumores sobre una posible intervención extranjera. Ante este escenario, es urgente que las autoridades mexicanas tomen medidas efectivas para erradicar estas redes de corrupción y garantizar el Estado de derecho.
Separar la política del crimen es una tarea compleja, pero necesaria. Es momento de dejar de utilizar la violencia como arma política y de deslindar responsabilidades de manera efectiva. La infiltración del crimen organizado en la vida pública ha debilitado la soberanía del país y ha permitido la impunidad de estos grupos. Solo con acciones firmes se podrá recuperar el control del Estado y restablecer la seguridad en México.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en Infobae Para leer la nota original, visita: Separar política y delito – El Financiero
El contenido ha sido parafraseado con el propósito de informar. Todos los derechos del texto original pertenecen a El financiero y a su autor.
