El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha presentado un ambicioso plan económico con una inversión de 18,500 millones de euros, con el objetivo de devolver a la región su liderazgo económico. Este modelo se basa en un esquema de «derechos y deberes», diferenciándose de lo que él considera un enfoque basado en «privilegios», en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Illa destacó que esta estrategia busca equilibrar el crecimiento económico con la responsabilidad social, fomentando la inversión en sectores clave como la tecnología, la infraestructura y la innovación. Con ello, espera que Cataluña recupere su protagonismo económico en España y Europa.
Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, el presidente Carlos Mazón ha cerrado un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2025, en un movimiento que desafía las directrices de su propio partido. Este pacto ha generado tensiones dentro del Partido Popular (PP), ya que algunos sectores consideran que la negociación con la extrema derecha puede afectar la imagen del gobierno valenciano.
Mazón también ha aprovechado la ocasión para lanzar críticas al gobierno central, señalando su manejo deficiente de crisis recientes y su falta de apoyo a la Comunidad Valenciana en temas clave como la financiación autonómica. Argumentó que su administración busca estabilidad económica y que este acuerdo presupuestario garantizará los recursos necesarios para la región.
Ambos movimientos reflejan el complejo panorama político y económico en España, con gobiernos autonómicos impulsando estrategias distintas para enfrentar sus desafíos locales. Mientras Cataluña apuesta por un modelo económico basado en responsabilidad y equidad, la Comunidad Valenciana prioriza la estabilidad presupuestaria a través de alianzas políticas estratégicas.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en El País. Para leer la nota original, visita: elpais.com.
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