La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha decidido suspender temporalmente la compra de 13 centrales eléctricas propiedad de la empresa española Iberdrola por parte del gobierno federal mexicano. El regulador antimonopolios ha establecido que México Infrastructure Partners y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), los vehículos financieros utilizados por el Estado mexicano para llevar a cabo la adquisición, deben aceptar y cumplir ciertas condiciones para que la autorización se finalice.
La aprobación de la Cofece era el último paso necesario para concluir la transacción, la cual estaba programada para realizarse a finales de diciembre pasado.
El gobierno mexicano anunció la adquisición de las centrales de Iberdrola en abril pasado después de años de disputa con la empresa española, que actualmente es el mayor generador de electricidad privado en el país. Las condiciones principales impuestas por el regulador son que las plantas sean operadas de manera independiente en el mercado y que no se comparta información sensible entre competidores. El gobierno había anunciado que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sería la encargada de operar los activos adquiridos a Iberdrola. La Cofece no especificó si la primera condición impedirá esta última acción.
Además, la Cofece ha requerido que el Fonadin y las partes involucradas en la operación reduzcan y mantengan su inversión en un máximo del 51%. La compra de las 13 centrales de Iberdrola está valorada en alrededor de 6,000 millones de dólares.
La decisión de la Cofece se tomó después de tres días de discusión sobre la adquisición. La regulación federal establece que este tipo de operaciones solo pueden llevarse a cabo con la aprobación del organismo regulador. En un comunicado, la Cofece indicó que las condiciones propuestas tienen como objetivo garantizar que no se produzcan riesgos para la competencia.
La Secretaría de Hacienda afirmó en un comunicado de prensa que la Cofece ya había aprobado la operación. Sin embargo, para que esto sucediera, el gobierno mexicano tendría que haber aceptado una serie de compromisos impuestos por el regulador, aunque esto último no fue especificado. La dependencia señaló que la autorización incluye compromisos para fortalecer el gobierno corporativo del vehículo de inversión y garantizar que las centrales operen en el mercado eléctrico en condiciones de competencia, en beneficio de los consumidores, mientras que el Estado mexicano recupera su liderazgo en la generación de energía eléctrica, como se propuso en la iniciativa de reforma constitucional.
La operación deberá completarse en los próximos seis meses, según la Secretaría de Hacienda.
Con información de Expansión | Nota original