La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una crisis debido a la reasignación de un contrato millonario a la empresa QMAX, lo que ha generado conflictos internos y problemas en la refinación del crudo. La compañía, que recientemente salió de la bancarrota, recibió un contrato por 11 mil millones de pesos para procesar el alto contenido de agua y sal en el crudo, pese a su falta de experiencia en la industria.
El cambio de proveedor ha derivado en disputas legales entre las empresas encargadas del suministro de químicos para el tratamiento del hidrocarburo. Química Apollo, la empresa con la capacidad técnica para el proceso, ha enfrentado restricciones para acceder a sus productos y personal debido a conflictos con QMAX, quien busca asumir el liderazgo del consorcio.
Rodrigo Sosa, gerente de Abastecimiento de Pemex, advirtió en enero sobre irregularidades en la reasignación del contrato, incluyendo la falta de una póliza de fianza por parte de QMAX. A pesar de estas advertencias, el abogado de Pemex, Rodrigo Loustanau Martínez, emitió un oficio que designa a QMAX como la empresa responsable del consorcio.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el problema de salinización del crudo y admitió que refinerías en Estados Unidos y Canadá han penalizado a Pemex por entregar petróleo con niveles de agua superiores a lo permitido. El director de Pemex, Víctor Rodríguez, aseguró que la situación está en vías de solución desde diciembre pasado.
El conflicto ha escalado a los tribunales, con demandas y amparos presentados por ambas empresas. Un juzgado de la Ciudad de México ordenó medidas cautelares contra Química Apollo, lo que impidió el acceso de su personal a la Terminal Marítima de Dos Bocas. No obstante, la compañía logró una suspensión para evitar el aseguramiento de insumos, lo que ha intensificado la disputa legal.
A pesar de las resoluciones judiciales que han otorgado suspensiones en favor de Química Apollo, Pemex ha continuado con la designación de QMAX como líder del consorcio, permitiéndole recibir pagos directos por parte de la paraestatal. La controversia sigue sin resolverse, afectando la operatividad y el desempeño de la empresa petrolera.
