La organización México Evalúa ha revelado que, durante los primeros cinco años de la administración actual, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recibido aproximadamente 1.5 billones de pesos en apoyos y beneficios fiscales. Esta suma supera ampliamente los 452,000 millones de pesos otorgados a la empresa durante el sexenio anterior. Los apoyos actuales incluyen transferencias directas por 944,000 millones de pesos a través de la Secretaría de Energía (Sener) y una reducción de la carga fiscal, específicamente del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), que sumó 548,000 millones de pesos. A pesar de esta inyección de recursos, la situación financiera de Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, ha mostrado poca mejora.
Los expertos señalan que la inversión física de Pemex ha disminuido y que, aunque se le han otorgado recursos significativos, estos no han contribuido a mejorar la productividad de la empresa. Esta situación plantea desafíos no solo para la petrolera, sino también para el erario público, ya que la reducción del DUC afecta la recaudación participable, reduciendo los recursos disponibles para entidades y municipios. La necesidad de considerar un nuevo modelo de negocio para Pemex es cada vez más evidente, ya que su situación financiera no solo impacta negativamente en los ingresos del estado, sino que también limita las oportunidades de inversión en áreas cruciales como la educación y la salud.
Este escenario plantea preocupaciones sobre el uso de la recaudación de impuestos para mantener a Pemex, en lugar de invertir en servicios esenciales para la población. Además, la situación de Pemex es considerada un riesgo por organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y ha sido motivo de advertencias por parte de agencias calificadoras sobre su posible impacto en la calificación de la deuda soberana de México. La administración actual ha mostrado su intención de continuar apoyando a Pemex, pero las voces críticas advierten sobre la necesidad de replantear la estrategia para asegurar un futuro más sostenible para la empresa y para las finanzas públicas del país.
Con información de El Economista | Nota original
