El gobierno de México y representantes del sector gasolinero formalizarán este jueves 27 de febrero la “Política Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México”. El acuerdo tiene como objetivo evitar que el precio de la gasolina regular o Magna supere los 24 pesos por litro, mediante un esquema de colaboración entre Pemex, importadores y distribuidores.
De acuerdo con el documento que será firmado en Palacio Nacional, la medida tendrá una vigencia de seis meses y se aplicará de manera voluntaria. Durante este periodo, se realizarán evaluaciones periódicas para ajustar estrategias y garantizar su efectividad, sin imponer obligaciones forzosas a los firmantes.
Para alcanzar la meta establecida, Pemex fijará un precio mayorista nacional en sus terminales de almacenamiento y reparto (TAR). Los participantes del acuerdo, incluyendo importadores y distribuidores, se comprometen a revisar sus políticas comerciales y facilitar que los beneficios del precio mayorista se reflejen en el consumidor final.
El acuerdo contempla que la diferencia entre los precios mayoristas y el precio al público no supere los dos pesos por litro, sin contar el IVA. Además, Pemex implementará medidas para mejorar la distribución del combustible y asegurar su disponibilidad en todas las regiones del país.
En casos donde los costos logísticos u otros factores impidan cumplir con este margen, se establecerán ajustes en coordinación con las autoridades correspondientes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continuará aplicando estímulos fiscales y cuotas reducidas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para mitigar los efectos de las fluctuaciones internacionales del petróleo sobre el precio final de la gasolina.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendrá un papel clave en la supervisión del cumplimiento de la política. Se encargará de monitorear los precios en estaciones de servicio y publicará informes semanales sobre el costo de los combustibles en las TAR y los gastos operativos de las gasolineras. Asimismo, verificará la legalidad y calidad del combustible vendido en caso de detectar precios por debajo del costo de operación.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente reforzarán la fiscalización de los volúmenes de combustible comercializados. Además, el gobierno mantendrá mesas de trabajo con el sector para mejorar la regulación y permitirá que más participantes se sumen al acuerdo durante su vigencia.
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