Un correcto y transparente manejo de la política fiscal en estados y municipios podría marcar una gran diferencia en el desarrollo de México. El municipio, como la base territorial más cercana al ciudadano, tiene un enorme potencial para recaudar y ejercer recursos públicos. Sin embargo, aún no se ha logrado una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para armonizar ingresos y gastos, pese a ser uno de los pocos países con estructura federal en el mundo.
La Ley establece claramente qué ingresos son competencia de cada orden de gobierno, pero en la práctica, la elaboración de presupuestos subnacionales sigue enfrentando una fuerte dependencia de las transferencias federales, especialmente de las participaciones y aportaciones del Ramo 33. Esta dependencia dificulta la consolidación de finanzas autónomas y responsables en los municipios.
Uno de los casos más ilustrativos fue el del impuesto a la tenencia vehicular. Aunque era un ingreso estatal normado por la federación, generaba beneficios compartidos con los municipios. Durante la gestión de figuras como Emilio Barriga y Mario Delgado en la Ciudad de México, se logró una eficiente recaudación. Sin embargo, tras su derogación a propuesta del expresidente Felipe Calderón, muchos estados lo eliminaron sin prever el impacto negativo que tendría sobre los ingresos municipales.
Esta eliminación implicó la pérdida de por lo menos el 20% de la recaudación para los municipios. A pesar de que algunos estados buscaron extender los plazos de cobro, en muchos casos su aprovechamiento ha sido limitado. De acuerdo con el CIEP, entre 2014 y 2023, la recaudación por tenencia vehicular cayó en un 43.7%, debilitando uno de los pilares fiscales estatales.
Según los datos del INEGI (EFIPEM), los impuestos recaudados por los estados apenas alcanzaron el 18% del total de las participaciones en 2023. Esta situación revela un sistema fiscal subnacional poco eficiente y excesivamente centralizado.
Además, una mayor recaudación implica también mayor responsabilidad en el control del gasto. Aumentar los recursos sin fortalecer los mecanismos de fiscalización puede generar riesgos en la transparencia y eficiencia del ejercicio presupuestal.
Finalmente, hay obligaciones estatales como el financiamiento a universidades públicas que siguen sin cumplirse cabalmente, con pretextos de “disponibilidad presupuestal”. Mientras el gobierno federal cumple con su parte, pocos estados como Oaxaca y Chiapas aplican correctamente el esquema de cofinanciamiento. Esto evidencia la urgencia de actuar con responsabilidad y mesura para fortalecer las finanzas públicas desde lo local.
Nota original, visita: Retos para las finanzas locales
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