En un hecho sin precedentes, tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de México—Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz—han comenzado campañas para la elección judicial del próximo 1 de junio. Su participación en actividades proselitistas mientras aún ejercen sus funciones ha despertado inquietudes sobre la independencia del Poder Judicial.
Las ministras han defendido su derecho a participar en la contienda, argumentando que los fines de semana están fuera de su horario laboral y pueden ser utilizados para este tipo de actividades. Sin embargo, críticos consideran que la línea entre su papel de juezas y el ámbito político se está difuminando peligrosamente.
El uso de recursos públicos es otro punto de discusión. Aunque ellas aseguran que su participación en los actos de campaña no compromete su labor en la Corte, algunos especialistas advierten que su presencia en eventos políticos podría influir en su toma de decisiones dentro del máximo tribunal.
Diversos sectores han expresado su preocupación por el impacto de estas campañas en la percepción de imparcialidad del Poder Judicial. La Suprema Corte ha sido históricamente una institución apartidista, y este tipo de situaciones podrían minar la confianza pública en sus resoluciones.
A medida que se acerca la fecha de la elección, el debate sobre la compatibilidad entre el ejercicio de la judicatura y la participación electoral seguirá creciendo. Mientras tanto, los ciudadanos observan con atención cómo este proceso podría redefinir el equilibrio entre la política y la justicia en México.
Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en El País. Para leer la nota original, visita: Las supremas candidatas de México: entre impartir justicia y una campaña electoral.
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