El presidente de Argentina, Javier Milei, y su equipo planean dejar atrás la semana marcada por los primeros pasos de la gestión y las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo. Ahora, se centran en dos aspectos cruciales para este primer período presidencial: el envío de un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la convocatoria a sesiones extraordinarias para abordar la Ley Ómnibus.
Aunque se esperaba que el DNU se implementara el lunes por la mañana, su envío se espera que tarde unos días más. La convocatoria a sesiones extraordinarias también se ha postergado, y no se esperan decisiones hasta la reunión de mañana entre Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo con los gobernadores. Ambos paquetes están programados para esta semana.
Estas medidas difieren significativamente de las tomadas por el titular del Palacio de Hacienda la semana pasada. Caputo se centró en el ajuste de precios relativos y la convergencia de la brecha cambiaria, medidas de naturaleza económica dirigidas a reducir el déficit fiscal.
En contraste, tanto el DNU como las legislaciones incluidas en la Ley Ómnibus buscan un fuerte avance en la desregulación de diversas áreas y ámbitos del Estado. La primera aborda cuestiones que «no necesitan debate en el Congreso y pueden resolverse por ese medio», mientras que la segunda requiere debate en ambos recintos legislativos por razones de constitucionalidad.
Para facilitar el proceso, planean dividir la Ley Ómnibus en tres partes: modernización del Estado, aspectos económicos y cuestiones sociales. Expertos en derecho público y administrativo han centrado su atención en el aspecto constitucional del paquete de «Modernización del Estado». La revisión minuciosa ha generado ciertos obstáculos en los últimos días.
En cuanto al DNU, el ministro de Economía ha revelado que el equipo del expresidente del BCRA, Federico Sturzenegger, ha revisado cerca de 380,000 regulaciones del Estado, y el equipo judicial del Estado está evaluando la viabilidad de esas reformas. Se estima que el DNU aborda aproximadamente un tercio de las cuestiones planteadas en el paquete legislativo, y Marcos Serrano ha sido oficializado como el segundo en la Procuraduría del Tesoro mediante el decreto publicado en el Boletín Oficial.
Con información de El Economista | Nota original
