A pesar de los discursos optimistas, los indicadores económicos recientes reflejan una realidad preocupante para México. La caída en la producción minero-metalúrgica, sumada a una contracción industrial anticipada del 2.1% y un crecimiento económico de apenas 0.4%, han encendido las alertas entre analistas y empresarios. El contexto se complica con la falta de contratación y estancamiento de la manufactura exportadora, lo que apunta a una posible desaceleración en el corto plazo.
Según datos del Inegi, la actividad minera ha sufrido una caída superior al 10% desde 2021, año en que comenzó a cambiar la política de concesiones en el sector. Este dato se suma a otros como la reducción en el consumo privado durante febrero y la baja en el Índice Manufacturero del IMEF, tanto en su versión industrial como no manufacturera, ambos ubicándose en terreno de contracción.
Ante este panorama, especialistas y líderes del sector financiero consideran urgente que el gobierno federal, encabezado por la Secretaría de Hacienda a cargo de Edgar Amador, tome la iniciativa para diseñar un programa de estímulo económico. Aunque los programas sociales se han mantenido intactos, la incertidumbre externa generada por políticas comerciales de Estados Unidos y nuevas regulaciones como el “etiquetado digital” complican aún más el panorama para la economía nacional.
Otro de los factores que afecta la actividad económica es el rezago en pagos por parte del gobierno federal, en particular los adeudos de Pemex a proveedores, que ya superan el medio billón de pesos. Sumando las compras y contrataciones públicas, expertos sugieren que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno debería intervenir para mejorar el flujo de pagos, recapitalizando a los proveedores sin aplicar recortes o descuentos que afecten su liquidez.
En paralelo, se iniciaron proyectos de infraestructura como el tren de pasajeros México-AIFA, que ahora está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta obra, cuya concesión fue modificada recientemente, promete estimular la demanda interna de materiales y construcción, aunque los analistas insisten en que el Plan México necesita mucho más: un estímulo real a la inversión privada para reactivar la industria nacional.
La Asociación de Bancos de México (ABM), bajo el liderazgo de Julio Carranza, y el propio secretario Amador ya trabajan en una estrategia para reactivar el encadenamiento productivo con las pequeñas y medianas empresas. Se busca evitar repetir modelos ineficientes del pasado, como los programas de factoraje y garantías que terminaron concentrando riesgos en Nafin sin resolver de fondo los problemas de liquidez.
Durante la última Asamblea de la Caintra en Nuevo León, se subrayaron estos retos. Máximo Vedoya cedió la presidencia del organismo a Jorge Santos Reyna, presidente de Arca Continental, marcando una nueva etapa para la industria. Con más de 4,800 empresas afiliadas, el enfoque de la Caintra se centrará en redefinir la relación económica entre México y Estados Unidos, impulsar mejoras en infraestructura, solucionar los cruces fronterizos y fortalecer la seguridad y regulación como ejes para recuperar la competitividad de México en América del Norte.
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